Gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir diligencias disciplinarias contra Juan Carlos Peinado tras la polémica generada por sus referencias a los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en un auto sobre los escoltas de Begoña Gómez, en el que sugirió que los agentes encargados de su protección podrían facilitar una eventual fuga. La decisión llega tras la polémica generada por el escrito que justificaba la decisión y las quejas presentadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los sindicatos policiales.
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El grueso de la Comisión Permanente considera que Peinado, de 70 años de edad, podría haber vulnerado el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este, por un lado, legisla contra un "exceso o abuso de autoridad", así como ante una "falta grave de consideración" ante determinados funcionarios del Estado, incluyendo a la Policía.
La comisión permanente opta por esta decisión gracias al voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, cuya figura se pactó entre PP y PSOE durante las largas negociaciones para la renovación del CGPJ y quien muchas veces se alinea con el sector conservador; no siendo así en esta ocasión. El empate entre los cuatro votos a favor del sector progresista y el rechazo de los cuatro miembros tradicionalistas se ha resuelto con el voto afirmativo de la primera mujer en dirigir este organismo.
Frente a las voces que acusan al magistrado de practicar 'lawfare' contra la pareja del presidente Sánchez, los conservadores defienden su voto particular argumentando que no corresponde al CGPJ revisar las decisiones "estrictamente jurisdiccionales" adoptadas por Peinado, y que es la defensa de Gómez quien debería encargarse de revocarlas vía recursos.
Peinado cita a Gómez este miércoles para que entregue su pasaporte
La mujer de Pedro Sánchez no solamente debe remitir su documentación a los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo 24 de junio, sino que tiene que hacerlo de manera presencial de acuerdo con el dictámen de Peinado. También debe comunicar si tiene otro pasaporte diplomático o de otra nacionalidad durante su cita, a las 18:00, en las dependencias de Plaza Castilla.
Peinado también cita a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también investigada en el caso Begoña, que también afecta de lleno al empresario Juan Carlos Barrabés.
La reciente decisión del juez, en cuyos autos ha llegado a comparar las conductas del Gobierno de Pedro Sánchez con el rey absolutista Fernando VII, represor y ejecutor de varios actores del trienio liberal y aboledor de la Constitución de 1812, contrasta con el otro gran caso que acecha a los socialistas: la trama de malversación de fondos y tráfico de influencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En su último escrito tras la primera comparecencia del político ante el juez Calama, este jurista rechazó adoptar medidas cautelares contra el exdirigente socialista al considerar que no existía riesgo de huida (pese a sus vínculos en la trama con sociedades 'offshore' y presuntos cómplices en el extranjero) y argumentando que no había posibilidad de destrucción de pruebas tras los registros iniciales efectuados en varios despachos y domicilios durante el mes de mayo.