Tras arrasar en abril, Péter Magyar desmantela el sistema de poder construido por Viktor Orbán durante 16 años.
En la noche del 12 de abril, el veterano primer ministro húngaro de extrema derecha, Viktor Orbán, llamó por teléfono a su rival, Péter Magyar, durante aproximadamente un minuto para felicitarle por la victoria electoral del partido de centroderecha Tisza y admitir su derrota.
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Ese momento marcó también el rápido final del sistema político, jurídico y económico que Orbán había construido durante 16 años para mantener a su partido Fidesz en el poder. La victoria aplastante de Magyar le aseguró una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el umbral exigido por la ley húngara para modificar la Constitución y aprobar las llamadas 'leyes cardinales' que regulan las principales instituciones del Estado.
Al igual que sucedió antes con Orbán, esta supermayoría otorgó a Magyar el poder de reescribir la Constitución y reformar una parte sustancial de la legislación prácticamente sin oposición.
Magyar, que había hecho campaña no solo por un cambio de Gobierno, sino por un cambio de sistema, no tardó en pedir la dimisión del presidente del país, Tamás Sulyok, así como de otros altos cargos. "Que se vayan, que se vayan. No esperen a que los echemos", dijo Magyar la noche electoral.
Tras asumir el cargo en mayo, los principales pilares del régimen de Orbán se desplomaron en pocos meses: el presidente y el fiscal general abandonaron sus puestos y la otrora formidable maquinaria mediática de Orbán quedó paralizada. Esto es lo que ha ocurrido.
El sistema de cooperación nacional de Orbán
Orbán obtuvo una supermayoría en las elecciones parlamentarias de 2010 y puso en marcha el Sistema de Cooperación Nacional, conocido en Hungría por sus siglas NER, que se presentó como un nuevo contrato social con el electorado. Los críticos, sin embargo, veían el NER como un aparato político y económico centralizado diseñado para impulsar la propia visión de Orbán del 'antiliberalismo', su término para una alternativa a la democracia liberal clásica europea.
"Imagínelo como un juego de mesa en el que un jugador puede reescribir las reglas en cualquier momento para adaptarlas a sus intereses, avanzar cinco casillas si lo necesita, enviar a un rival de vuelta al inicio o sacarlo del tablero por completo", explica a 'Euronews' el analista político Szabolcs Dull.
Orbán se apoyó en su mayoría parlamentaria para aprobar leyes con rapidez. Pero a partir de 2020 gobernó en gran medida por decreto, primero bajo un estado de emergencia relacionado con el coronavirus y luego, tras 2022, invocando la guerra en Ucrania.
Los contrapesos democráticos se debilitaron mediante nombramientos de fieles en instituciones clave, mientras que la radiotelevisión pública 'MTVA' y unos 500 medios agrupados en el conglomerado KESMA contribuían a difundir el relato del Gobierno. Dull señaló que la promesa de desmantelar el NER y apartar a sus figuras se convirtió en el compromiso más popular de Magyar. "Eso fue lo que le dio mayor apoyo. Es lo que ahora esperan de él los votantes".
El presidente y el fiscal general, obligados a dejar el cargo
Quizá la victoria política más significativa de Magyar fue la destitución del presidente Sulyok. El ya exmandatario dejó el cargo a mediados de julio después de que una reforma constitucional, que él mismo firmó, declarara extinguido su mandato.
La misma reforma fijó en 12 años el límite de los mandatos de los diputados e introdujo una edad de jubilación de 70 años para los jueces constitucionales, lo que supuso la salida de Péter Polt, presidente del Tribunal Constitucional y aliado histórico de Orbán. "Extinguieron el mandato del presidente en ejercicio sin ningún argumento jurídico, simplemente porque discrepan políticamente de él. Me parece inaceptable", declara a 'Euronews' Balázs Orbán, antiguo asesor político de Viktor Orbán.
Magyar había defendido reiteradamente que Sulyok no era apto para el cargo, que representaba los intereses de su partido y no los de la nación. Dull señaló que la medida tenía para Magyar tanto un valor simbólico como práctico. "El presidente de Hungría tiene la facultad de indultar a personas condenadas. Magyar ha prometido exigir responsabilidades a quienes estén vinculados al antiguo sistema, no puede arriesgarse a que el presidente los indulte".
El Gobierno de Magyar también destituyó a cuatro jefes de los servicios secretos, al responsable de la Policía antiterrorista (TEK), János Hajdu, al antiguo portavoz de Orbán, Bertalan Havasi, y al jefe de la Oficina de Auditoría del Gobierno. Se clausuró la Oficina de Protección de la Soberanía de Hungría, que tenía en su punto de mira a medios y ONG financiados desde el extranjero y había recibido duras críticas de la Comisión Europea.
En junio, el fiscal general Gábor Bálint Nagy dimitió ante la presión política, otro triunfo para Magyar. "El Ministerio Público no debe convertirse en un instrumento de las luchas políticas ni en un escenario para los juegos de poder cotidianos", afirmó Nagy en un comunicado. Dull calificó la salida de Nagy como otro hito. "En determinados casos, las investigaciones ni siquiera se abrían o se suspendían, causas claramente incómodas para el Gobierno de Orbán".
Rendición de cuentas y corrupción
A finales de julio, el Parlamento húngaro creó la Oficina de Recuperación y Protección de Activos para investigar la corrupción de la era Orbán y recuperar bienes del Estado. Hungría figura desde hace años entre los Estados miembros más corruptos de la UE, mientras que empresarios cercanos a Orbán se convirtieron en grandes beneficiarios de los contratos públicos.
Entre ellos figuran Lőrinc Mészáros, amigo de la infancia de Orbán y el hombre más rico de Hungría, con intereses en la construcción, el turismo y la agricultura; el yerno de Orbán, István Tiborcz, que se hizo multimillonario durante la era Fidesz; y su padre, Győző, figura clave en el sector minero que obtuvo contratos de carreteras y ferrocarriles. Todos sostienen que actuaron conforme a la ley, aunque se espera que sus negocios sean objeto de investigación.
"Una promesa central de la campaña de Tisza era que los responsables de corrupción delictiva bajo Fidesz rendirían cuentas. Lo que estamos viendo es el inicio de un proceso que probablemente continuará en el futuro inmediato", señala el analista Daniel Hegedűs. Otro caso bajo investigación es el llamado asunto Matolcsy: la presunta pérdida de unos 500.000 millones de forintos (1.380 millones de euros) del Banco Nacional de Hungría, que podrían haber acabado en manos del exgobernador György Matolcsy y su hijo Ádám.
Pocos días después de las elecciones, Magyar pidió a la autoridad tributaria húngara (NAV) que bloqueara transferencias de activos vinculados a Orbán hacia cuentas en Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Estados Unidos; la NAV bloqueó posteriormente varias de esas operaciones. Hungría también tiene previsto incorporarse este año a la Fiscalía Europea (EPPO), lo que le dará capacidad para investigar con efecto retroactivo fraudes con fondos de la UE desde julio de 2021.
Paralelamente al esfuerzo de recuperación de activos, la Fiscalía ha abierto varias investigaciones penales que afectan a antiguos altos cargos, posiblemente incluido el propio Orbán. El exjefe del TEK, János Hajdu, fue interrogado por el caso del convoy de dinero ucraniano, en el que comandos húngaros asaltaron en marzo dos vehículos cargados de efectivo pertenecientes al banco ucraniano Oschadbank, en pleno auge de la campaña electoral.
Siete empleados fueron detenidos y posteriormente expulsados de Hungría, se confiscaron millones de euros en efectivo y lingotes de oro. Hajdu no figura como sospechoso en la causa por detención ilegal. Según los medios húngaros, Orbán estaba presente en la sede del TEK el día de la redada. "No solo habría sido importante detener a János Hajdu, sino también investigar y detener a otras tres personas, entre ellas Viktor Orbán", declaró en junio a 'Euronews' el abogado que representa a los portadores del dinero ucraniano.
Ha añadido que el exfiscal general Nagy, que dimitió semanas después, podría haber ofrecido a Orbán una "red de seguridad". Orbán sostiene que la operación se llevó a cabo conforme a la ley. Otra investigación se refiere al presunto uso indebido de fondos del Fondo Nacional de Cultura para la campaña de Fidesz. Siete sospechosos han sido detenidos, entre ellos el jefe de gabinete del exministro de Cultura Balázs Hankó.
La Fiscalía también ha incautado los servidores de datos de Fidesz, lo que ha interrumpido las comunicaciones internas del partido. "Esto no tiene nada que ver con la causa de corrupción, que creemos que está fabricada. Incluso si se quisiera investigar eso, no se deduce que sea necesario acceder a todos los datos del partido", afirma Balázs Orbán, de Fidesz.
La erosión de Fidesz
Poco después de las elecciones, a finales de abril, Viktor Orbán anunció que no asumiría su mandato parlamentario, poniendo fin a 36 años consecutivos como miembro de la Asamblea Nacional. "Ahora no me necesitan en el Parlamento, sino en la reorganización del bando nacional", afirmó, y añadió que pensaba centrarse en reconstruir Fidesz y que había aceptado dirigir el partido durante un año.
En junio, un Parlamento dominado por Tisza aprobó la llamada 'lex Orbán', que limita el mandato del primer ministro a ocho años. Al aplicarse desde 1990, en la práctica impide a Orbán volver a presentarse al cargo. El mandato de los diputados también se limitará a 12 años, con efecto retroactivo, lo que excluirá a varios políticos veteranos de Fidesz de concurrir a las próximas elecciones.
"La mitad de la oposición y sus dirigentes más poderosos fueron excluidos de la política mediante leyes personalizadas y retroactivas. Esto es el fin de la democracia, porque si no son los ciudadanos quienes deciden a quién votar, sino el Gobierno quien decide a quién pueden votar, la democracia se ha acabado", respondió Orbán.
Este periodo ha marcado quizá la crisis más profunda en la historia de Fidesz, fundado antes de la caída del comunismo. El líder del grupo parlamentario, Gergely Gulyás, dimitió alegando los nuevos límites de mandato. El exministro de Exteriores Péter Szijjártó dejó el Parlamento en julio para asumir un puesto directivo en el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, mientras que el exministro de Transportes János Lázár y el estratega de largo recorrido Antal Rogán han desaparecido en gran medida de la vida pública.
Un panorama mediático transformado
A comienzos de julio, la 'MTVA' emitió una pantalla en negro con un mensaje de disculpa: "Los medios públicos no pueden mentir. Pedimos disculpas por haberlo hecho". 'MTVA' ha sido percibida como parcial tanto dentro como fuera del país. Su director general, Dániel Papp, fue condenado en 2018 por manipular una pieza informativa. Papp dimitió poco después de las elecciones.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también ha criticado en varias ocasiones a 'MTVA' por su sesgo sistemático y por no garantizar condiciones de competencia equitativas.
Después de que el servicio informativo de la cadena estatal se cerrase, un equipo directivo provisional anunció que la empresa sería reestructurada para convertirse en un medio independiente y creíble, cumpliendo una de las principales promesas de campaña de Magyar. Los redactores jefes fueron destituidos ese mismo día.
La sacudida se extendió mucho más allá de 'MTVA'. Mediaworks, editora de varios periódicos y emisoras de radio afines a Fidesz integrados en el grupo KESMA, despidió a cientos de empleados en medio de dificultades financieras. Mandiner, otro medio progubernamental vinculado al Mathias Corvinus Collegium (MCC), anunció la reducción de 60 puestos. Megafon, que financiaba a influyentes favorables a Orbán, cerró por completo.
Dull señala que estos medios dependían en gran medida de la publicidad estatal: "Los medios de Fidesz sobrevivieron porque las empresas públicas se anunciaban en ellos. Cuando cambió el Gobierno, esa publicidad se interrumpió y muchos medios se encontraron con problemas comerciales, habían vivido del Estado para cumplir una función política", explicó Dull.
El MCC, un instituto educativo estrechamente vinculado a Orbán, atraviesa tensiones financieras y podría cerrar. La fundación de interés público que gestiona el MCC será disuelta y sus activos nacionalizados, un golpe serio si se tiene en cuenta que el MCC recibió en 2020 una transferencia de activos estatales que incluía participaciones del 10% en la energética MOL y en la farmacéutica Richter, que le generan decenas de miles de millones de forintos en dividendos anuales.
Otras 15 fundaciones de interés público con funciones no universitarias también serán liquidadas y los cargos nombrados por Fidesz serán apartados de los consejos de las universidades. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura ha comenzado a investigar el uso de fondos públicos bajo el Gobierno anterior.
El poeta János Dénes Orbán (sin relación con el ex primer ministro) recibió 412 millones de forintos (1,14 millones de euros) de la entidad pública Carpathian Basin Talent Development Nonprofit, un organismo estatal que él mismo dirigía. Otras personas recibieron pagos similares durante el periodo de campaña.
¿Es democrática la estrategia de Magyar?
Fidesz ha presentado el desmantelamiento del sistema de Orbán por parte de Magyar como un ataque a la democracia y cuestiona especialmente la legalidad de la destitución del presidente. "Extinguieron el mandato del presidente. Prohibieron el regreso del ex primer ministro. Vetaron aproximadamente a la mitad del grupo parlamentario de Fidesz", dijo Balázs Orbán. "Eso es solo el principio, ¿dónde termina?"
Magyar rechaza cualquier insinuación de autoritarismo. "La ley no es arbitrariedad. La libertad no es opresión. El partido no es el Estado. La justicia no es dictadura. La política no es saqueo. La patria pertenece a todos los húngaros. Bienvenidos a la nueva Hungría". El analista Hegedűs sostiene que Hungría había sufrido una verdadera captura del Estado bajo Orbán, lo que hace en gran medida inevitables medidas de este tipo.
"Al desmantelar la captura del Estado y restaurar la independencia institucional durante una fase de redemocratización, puede ser inevitable apartar a los cargos políticos nombrados por el régimen anterior capturado", afirma. Los aliados de extrema derecha de Orbán, Marine Le Pen y Matteo Salvini, criticaron a Magyar por la incautación de los servidores de Fidesz, mientras que decenas de eurodiputados de derechas escribieron a la Comisión expresando su preocupación por el estado de la democracia en Hungría.
"¿Por qué guarda ahora silencio la Comisión cuando un Gobierno viola abiertamente los principios constitucionales europeos?", cuestionaba la carta. Otra misiva de los eurodiputados de Fidesz sostenía que el cierre del servicio de noticias de la radiotelevisión estatal vulneraba la legislación de la UE.
La Comisión Europea, que ha incoado varios procedimientos contra Hungría por el retroceso del Estado de derecho y la corrupción bajo Orbán, ha acogido en términos generales las reformas de Magyar. En su informe anual de julio sobre el Estado de derecho las calificó de "cambio radical".
Hungría ha aceptado una serie de compromisos en materia de Estado de derecho y lucha contra la corrupción a cambio de 16.400 millones de euros en fondos de la UE previamente congelados. El comisario de Justicia, Michael McGrath, ya había dicho a 'Euronews' que la destitución del presidente estaba justificada:
"Es inevitable que, cuando se produce un cambio sísmico de tal calibre en el panorama político de un país, surjan problemas y haya cambios de personal", señala. Dull añade que muchos húngaros quieren garantías institucionales de que Magyar no consolidará su propio poder como hizo su predecesor, aunque el nuevo primer ministro ya ha aceptado algunos límites.
"Si empezamos a hablar de un 'sistema Magyar', ya sabemos cuándo terminará. La legislación que limita el mandato del primer ministro a dos periodos se aplica también a él", recordó Dull. El analista considera que la verdadera prueba de las ambiciones de Magyar será la elaboración de una nueva Constitución, un proceso que se espera que dure al menos 18 meses. "Veremos en los detalles si pretende o no construir un nuevo sistema", concluye Dull.