Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia han acordado un modelo común de centros de deportación, que se negociará con gobiernos no comunitarios. Se espera el primer acuerdo en torno a Año Nuevo, pero aún no se han divulgado los países socios.
Cinco países de la UE afirman que esperan estar preparados para enviar migrantes irregulares a centros de deportación construidos fuera de la Unión Europea para 2027. El anuncio se produjo tras una reunión en Copenhague el viernes, a la que asistieron los ministros del Interior de Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y Grecia.
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Los ministros acordaron un modelo común de "centros de retorno", instalaciones destinadas a acoger a solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas por los cinco países y que no pueden ser devueltos a sus países de origen.
El grupo de cinco Estados negocia actualmente la creación de estos centros en el territorio de uno o varios países socios, que aún no se han dado a conocer. Uganda y Ruanda se consideran las opciones más probables, según varias informaciones en prensa.
"El principio rector acordado hoy sienta las bases del camino a seguir [...] para estar listos y trasladar en 2027 a los primeros migrantes irregulares a un país socio fuera de la UE", declaró el ministro danés de Migración, Morten Bødskov.
Aseguró que estos centros no son "una prisión" ni "un campo de detención", sino instalaciones donde "los países socios dan a los migrantes irregulares una nueva oportunidad".
Se espera que los cinco países financien íntegramente estos centros y que también puedan ofrecer fondos adicionales, asociaciones comerciales u otros incentivos a los países socios. Según el documento de principios rectores, "un sistema de centros de retorno se establecerá mediante asociaciones igualitarias y mutuamente beneficiosas con países ajenos a la UE".
El nuevo modelo debería traducirse además en una reducción apreciable del número de personas que migran de forma ilegal hacia la UE. "Nuestro objetivo común es acercar la migración ilegal a cero", afirmó el ministro austríaco Gerhard Karner.
Mientras tanto, prosiguen las reuniones con posibles socios y las conversaciones "se están volviendo más profundas y fructíferas", señaló el ministro griego Thanos Plevris, que confía en poder anunciar un acuerdo en un futuro próximo.
Los cinco ministros tienen previsto volver a reunirse en Múnich a finales de septiembre.
Los acuerdos con los países no pertenecientes a la UE definirán los procedimientos aplicables a los migrantes en los centros de retorno, las condiciones de su estancia y las responsabilidades de los Estados de la UE implicados.
Los ministros señalaron que el proyecto se llevará a cabo en colaboración con organizaciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y en plena conformidad con la legislación de la UE y las obligaciones internacionales.
En junio, el Parlamento Europeo aprobó la que se considera la ley de migración "más estricta hasta la fecha", que concede a los Estados miembros el derecho a crear centros de retorno mediante acuerdos con países no pertenecientes a la UE. La adopción del "reglamento de retorno" probablemente tendrá lugar en otoño, con una aprobación definitiva por parte de los países de la UE, según indicó a Euronews un responsable comunitario.
La mayoría de los países de la UE parecen interesados en poner en marcha centros de retorno, mientras que Italia ya cuenta con un proyecto similar con Albania.
19 gobiernos de la UE están convencidos de que se trata de una "solución innovadora" que hay que impulsar para la gestión migratoria, tal y como se explicitaba en una carta conjunta enviada a los dirigentes de la UE el pasado junio, lo que sugiere que estos centros podrían convertirse en realidad más pronto que tarde.
Los centros de retorno han suscitado inquietud en Europa sobre su compatibilidad con la legislación de la UE y la protección de los derechos humanos. La idea ha sido duramente criticada por la sociedad civil europea y por organizaciones no gubernamentales.
"Enviar a personas a centros de deportación fuera de la UE significa arrancar a menores, adultos y familias de las vidas que han construido en Europa y someterlas a una detención prolongada en lugares que ni siquiera conocen", afirmó Michele LeVoy, directora de Picum, una ONG con sede en Bruselas que promueve los derechos humanos de los migrantes en situación irregular.
Hasta ahora, los intentos de trasladar migrantes a países ajenos a la UE no han resultado especialmente exitosos.
El Reino Unido renunció a un plan para deportar solicitantes de asilo a Ruanda, donde sus solicitudes iban a ser examinadas. Dinamarca descartó un plan similar en 2023, cambiando su estrategia de un enfoque nacional a otro europeo.
Italia preveía inicialmente alojar en torno a 3.000 migrantes al mes en sus centros en Albania, pero, según las informaciones, la cifra real ha sido de solo 500 en total desde que estas instalaciones se convirtieron en centros de deportación en marzo de 2025.
La factura total supera los 670 millones de euros y, según un estudio reciente de una universidad italiana, internar a los migrantes en estos centros ha resultado mucho más costoso para Italia que acogerlos en su propio territorio.