El Servicio de Información del instituto armado ha entregado a la juez María Tardón un informe sobre las comunicaciones recibidas antes de la crisis de los días 30 y 31 de julio.
La Guardia Civil ha informado a la Audiencia Nacional de que las comunicaciones recibidas antes de la entrada masiva de personas inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio no permitían anticipar la dimensión que alcanzaría la crisis, según fuentes conocedoras del informe entregado este viernes a la juez María Tardón.
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La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha respondido así a las cuestiones planteadas por la magistrada a principios de agosto, cuando pidió al instituto armado que precisara si alguna información recibida en los días anteriores podía haber alertado sobre la llegada masiva de personas desde Marruecos.
El documento, de carácter concreto, recoge comunicaciones previas que se producen habitualmente entre organismos y servicios de información, pero, según las fuentes consultadas, ninguna de ellas permitía prever una movilización de la magnitud que finalmente se produjo en la frontera de Ceuta.
La entrega del informe completa, junto con el documento presentado anteriormente por la Policía Nacional, parte de la información solicitada por la magistrada dentro de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido durante la entrada masiva.
Dos informes con ámbitos diferentes
El informe de la Guardia Civil no analiza, según las informaciones disponibles, el origen de la movilización ni atribuye responsabilidades por su organización. La petición de Tardón al cuerpo policial estaba centrada en los avisos previos y en aspectos relacionados con la actuación desplegada durante la crisis.
Entre las cuestiones planteadas por la magistrada figuraban también los efectivos disponibles, las operaciones de salvamento realizadas en aguas españolas y la información existente sobre las personas fallecidas.
El documento de la Guardia Civil llega después del informe de la Policía Nacional, de mayor extensión, que sí analiza la naturaleza de la entrada y sostiene que se trató de un movimiento planificado y no espontáneo. Ese informe policial apunta además a la participación o colaboración de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes, aunque el alcance de esas conclusiones forma parte de las cuestiones que deberá valorar la investigación judicial.
La diferencia entre ambos documentos es relevante: la Guardia Civil no ha recibido el mismo encargo que la Policía Nacional para determinar cómo se organizó la entrada, por lo que las conclusiones de un informe no pueden atribuirse automáticamente al otro.
La cifra oficial se sitúa en 72.000 entradas
La entrada masiva se produjo los días 30 y 31 de julio desde territorio marroquí. El Gobierno español ha mantenido como estimación oficial que unas 72.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta durante aquellos acontecimientos, después de que inicialmente se manejara también la cifra de 80.000.
La dimensión de la crisis y sus consecuencias han llevado a la Audiencia Nacional a recabar información de los principales cuerpos de seguridad. La Fiscalía ha respaldado además que este tribunal investigue los hechos y ha señalado posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.
La investigación deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para abrir formalmente una causa a partir de la denuncia presentada por Iustitia Europa. El informe de la Guardia Civil aporta, en este contexto, una respuesta concreta a una de las cuestiones centrales planteadas por la jueza: si los servicios del instituto armado habían recibido antes de los acontecimientos información suficiente para prever una entrada masiva de esa dimensión.
La conclusión trasladada a la magistrada es que las comunicaciones previas no anticiparon el alcance de lo que finalmente ocurrió en Ceuta.