Cinco Estados de la UE aceleran la creación de centros de retorno de migrantes en Uganda y Ruanda, pero los casos recientes revelan trabas legales y prácticas y cifras lejos de lo previsto.
La política migratoria de la UE se ha centrado cada vez más en la controvertida idea de utilizar "centros de retorno" para externalizar a las personas inmigrantes en situación irregular hacia terceros países, tal y como recoge el recién adoptado Reglamento de Retorno.
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"Necesitamos crear centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa. Estamos trabajando intensamente en ello", escribieron la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su homóloga danesa Mette Frederiksen en una declaración conjunta a comienzos de este mes.
19 países de la UE están convencidos de que se trata de una "solución innovadora" que debe desarrollarse para gestionar la migración, tal y como se desprende de una carta conjunta enviada a los líderes europeos el pasado junio, en la que se sugiere que los centros se convertirán en realidad más pronto que tarde.
Un debate crucial sobre migración tendrá lugar en la próxima cumbre del Consejo Europeo, donde los centros de retorno serán uno de los principales puntos de discusión.
Sin embargo, siguen sin respuesta cuestiones fundamentales sobre cómo se aplicaría esta política. ¿Cómo funcionarían los centros de retorno? ¿Dónde se ubicarían? ¿Y con qué problemas se han topado hasta ahora? En este análisis, 'Euronews' desglosa las principales incógnitas en torno al nuevo mantra migratorio y por qué la realidad podría no ajustarse al relato político.
¿Qué son los centros de retorno?
Los centros de retorno son instalaciones situadas en un "tercer país", es decir, un país no perteneciente a la UE con el que un Estado miembro ha cerrado un acuerdo para transferir personas incluso cuando no tienen ningún vínculo con ese país. Las personas que se trasladarán serán aquellas que no tienen derecho legal a permanecer en territorio europeo y están sujetas a una decisión de retorno.
Los centros pueden ser lugares de tránsito, donde se aloja a una persona a la espera de su retorno al país de origen, o espacios donde se espera que esa persona permanezca sin ninguna garantía de que el retorno llegue a producirse.
Aunque el término "centros de retorno" no aparece expresamente en el texto del reglamento, la ley reformula una propuesta original de la Comisión Europea, que define las condiciones para crear centros fuera de la UE. Cada centro requiere "un acuerdo o arreglo" que debe suscribirse por la UE, o por uno o varios de sus Estados miembros, con un país tercero.
Italia ha abanderado este enfoque con Albania, donde los centros abiertos en octubre de 2024 se utilizan para alojar a migrantes rescatados o interceptados en el mar por las autoridades italianas. Roma plantea ahora este modelo como referencia para el resto de la UE.
Paradójicamente, la instalación albanesa no es técnicamente un centro de retorno. En primer lugar, estaba concebida para albergar únicamente a solicitantes de asilo, externalizando el procedimiento de asilo, que era gestionado por las autoridades italianas en suelo albanés.
Tras verse confrontado a recursos judiciales, en marzo de 2025 el Gobierno de Meloni transformó el centro en un espacio de expulsión para migrantes en situación irregular que ya habían recibido una orden de retorno. Este cambio convirtió la instalación albanesa en un precursor temprano de los centros de retorno, pero siguen siendo las autoridades italianas las que gestionan el centro y las responsables de la repatriación final de los migrantes.
El modelo europeo podría ir aún más lejos y externalizar toda la gestión y la responsabilidad del proceso de asilo y expulsión a un país no perteneciente a la UE. Los centros de tramitación y detención que Italia mantiene en Albania tendrían que replantearse una vez que el país se incorpore a la UE. Albania es el segundo candidato que más cerca está de la adhesión, después de Montenegro.
¿Qué países se barajan?
El Reglamento de Retorno está políticamente acordado, pero las instituciones europeas aún deben completar su adopción formal, la ley no ha entrado en vigor porque aún tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Según un funcionario de la UE, la redacción del reglamento se encuentra en revisión jurídica y la adopción definitiva probablemente se producirá en otoño.
Mientras tanto, los gobiernos europeos, según diversas informaciones, ya trabajan para poner en marcha centros de retorno en terceros países, negociando de forma bilateral o en grupo.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han confirmado que están negociando la creación de este tipo de instalaciones. Su objetivo es cerrar la primera asociación antes de final de año, para firmarla a comienzos de 2027, indicó a 'Euronews' un diplomático. La Comisión Europea está informada, pero no participa en las conversaciones.
Según el diario griego 'Kathimerini', los cinco países de la UE mantienen negociaciones avanzadas con Uganda con el objetivo de tener una instalación operativa el próximo año. Los países implicados han declinado confirmarlo, alegando el riesgo de que las filtraciones a la prensa perjudiquen las negociaciones.
Ruanda es otro país africano que se está considerando dentro de este grupo de cinco, según el semanario alemán 'Der Spiegel'. Ruanda estuvo en el centro de un polémico plan del Reino Unido, ya abandonado, para reubicar solicitantes de asilo mientras se tramitaban sus solicitudes.
Los ministros de Inmigración de los cinco países tienen previsto evaluar los avances en una reunión en Copenhague el cuatro de septiembre.
En abril, por otro lado, el Gobierno austríaco anunció un acuerdo de migración y readmisión con Uzbekistán que no incluye un centro de retorno. Informaciones en medios y diputados nacionales han señalado al país como posible ubicación, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán lo negó en una declaración enviada a 'Euronews', en la que afirma que "actualmente no hay negociaciones en curso sobre este asunto".
¿Cuáles son los problemas legales y prácticos?
En una carta publicada el mes pasado, el comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, pidió a los cinco países de la UE que garanticen que "toda iniciativa pertinente esté precedida de una evaluación exhaustiva previa de los posibles riesgos directos o indirectos para los derechos humanosasociados con la cooperación propuesta".
El Reglamento de Retorno no exige explícitamente una evaluación de impacto en derechos humanos, pero sí establece que "dicho acuerdo o arreglo solo podrá celebrarse con un tercer país donde se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución".
En 2024, la Defensora del Pueblo de la UE criticó a la Comisión por firmar un Memorando de Entendimiento con Túnez sobre control de fronteras y gestión migratoria sin realizar una evaluación de impacto en derechos humanos.
Aunque Reino Unido ya no es miembro de la UE, el razonamiento de la sentencia del Tribunal Supremo contra el plan británico de transferir solicitantes de asilo a Ruanda en noviembre de 2023 resulta ilustrativo, el tribunal concluyó que Ruanda no era suficientemente seguro debido al riesgo de persecución o malos tratos. El nuevo Gobierno laborista abandonó el plan como consecuencia.
El propio esquema de reubicación de Meloni en Albania ha tropezado con problemas similares ante los tribunales, con jueces italianos cuestionando la clasificación de países como Bangladesh y Egipto como "seguros", categoría en la que se apoyaron las autoridades italianas para examinar las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado.
De forma crucial, los casos derivados de los centros albaneses han llegado ya al Tribunal de Justicia de la UE, que aún debe pronunciarse sobre una cuestión central, si Italia puede trasladar fuera de la Unión a una persona sujeta a una orden de detención.
¿Funcionarán los centros?
"Una evaluación de derechos humanos, que debería realizarse para todo este tipo de acuerdos, lleva tiempo, mientras los países de la UE se apresuran a firmar acuerdos con terceros países incluso cuando las normas aún no están en vigor", explicó a 'Euronews' Sara Prestianni, directora de incidencia de la ONG Euromed Rights.
Prestianni describió a los países que se barajan para albergar centros de retorno como "caracterizados por violaciones de derechos humanos" y cuestionó qué metodología se está empleando para llevar a cabo las necesarias evaluaciones de impacto en derechos humanos.
Aun así, trasladar a personas migrantes en situación irregular fuera de las fronteras de la UE probablemente requerirá largas negociaciones con los países de acogida, y experiencias anteriores muestran que los recursos judiciales pueden fácilmente hacer naufragar el proyecto si no existen garantías sólidas de derechos humanos.
"Sin duda veo interrogantes sobre qué podría pedir el tercer país a cambio de acoger a personas que no son nacionales de ese país", señaló a 'Euronews' Davide Colombi, investigador en migración del grupo de expertos con sede en Bruselas CEPS.
Mientras tanto, la reubicación de migrantes en situación irregular dentro de la propia Unión ha resultado mucho más sencilla, aunque esto añade presión adicional sobre países de primera línea como Italia para mantener el principio del primer país de llegada.
Quienes defienden el enfoque de los centros de retorno sostienen que los obstáculos legales y prácticos no son insalvables y que las capitales europeas simplemente necesitan tiempo para construir un sistema operativo capaz de retirar a las personas migrantes en situación irregular una vez que los centros estén en marcha.
Pero las experiencias previas alimentan dudas sobre si la realidad estará a la altura de la ambición. "Las anteriores experiencias de externalización o deslocalización de la gestión migratoria han sido extremadamente costosas, muy cuestionadas en los tribunales y de alcance operativo muy limitado", afirmó Colombi.
Pese a años de preparación y a una inversión financiera masiva, solo cuatro personas fueron reubicadas voluntariamente desde Reino Unido a Ruanda antes de que aquel plan fuera desmantelado. Italia calculó inicialmente que podría alojar en torno a 3.000 migrantes al mes en sus centros albaneses, la cifra real ha sido, según los informes, de apenas 500 en total desde su conversión en centro de expulsión en marzo de 2025.
La factura global supera los 670 millones de euros y, según un estudio reciente de una universidad italiana, detener a migrantes en estos centros ha resultado mucho más caro para Italia que alojarlos en su propio territorio.