El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un dosier que clasifica ideológicamente a periodistas, revelado por 'El Confidencial', y asociaciones como FAPE, APM y API han exigido su destrucción y la depuración de responsabilidades.
El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un dosier que clasifica a periodistas según su ideología, después de que 'El Confidencial' revelara la existencia del documento. La confirmación, procedente del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha desatado una oleada de reacciones en el sector.
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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un duro comunicado, al que se han sumado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Asociación de Periodistas de Investigación (API).
El documento, elaborado en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, ficha a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, además de responsables y antiguos responsables de organizaciones profesionales del sector.
Según la FAPE, resulta "especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas "afines" y "problemáticos" desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".
La FAPE habla de "un ataque directo a la libertad de prensa"
En su comunicado, la Federación asegura que "en una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo", y advierte de que esta práctica "constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información".
La organización añade que el seguimiento y la catalogación por parte del Gobierno pueden condicionar el ejercicio del periodismo crítico. Su presidenta, Carmen del Riego, pidió que "esto no se vuelva a repetir" y reclamó que "los periodistas no tengan miedo, que es lo que pretenden muchos".
La FAPE exige además la "depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior", el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos, y garantías de que ninguno de los profesionales incluidos en el listado haya sufrido perjuicio o trato diferenciado por esta catalogación.
La APM y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se han adherido al comunicado de la FAPE. Por su parte, la API mostró su "firme rechazo" al dosier y calificó de impropia de "democracias consolidadas" la práctica de fichar a profesionales de la información por su supuesta afinidad política.
La asociación pidió la destrucción del documento, la depuración de responsabilidades y garantías de que "ningún organismo público volverá a someter a los periodistas a este tipo de vigilancia", recordando que "el periodismo no puede ejercerse bajo la sospecha ni la catalogación del poder al que tiene la obligación de fiscalizar".