La directiva sobre el derecho a reparar de la UE quiere que los fabricantes arreglen sus dispositivos y reducir así 35 millones de toneladas de residuos.
Cada año, los europeos tiran millones de toneladas de residuos electrónicos, muchos de ellos aún reparables. La Directiva sobre el Derecho a Reparar de la UE, aprobada este verano, se aplica en los 27 Estados miembros y obliga a los fabricantes a facilitar la reparación frente a la sustitución.
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Con las nuevas normas, si el consumidor opta por reparar un producto mientras sigue en garantía legal, esa protección se amplía al menos 12 meses más. Una vez que expire la garantía, los fabricantes seguirán obligados a reparar, si el cliente lo solicita, determinados bienes, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, televisores, teléfonos, tabletas, aspiradoras, secadoras, servidores, equipos de soldadura y baterías de bicicletas y patinetes eléctricos.
Las empresas ya no podrán rechazar una reparación solo porque las piezas sean caras, porque un taller independiente haya abierto el aparato o porque el propietario haya intentado arreglarlo por su cuenta. Solo podrán negarse si la reparación es realmente imposible. Los consumidores descontentos podrán presentar reclamaciones ante las autoridades nacionales, que deberán imponer sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias".
Las reparaciones no serán gratuitas. Los fabricantes podrán seguir cobrando precios razonables por las piezas y la mano de obra. Para ayudar a los consumidores a comparar ofertas, Bruselas pondrá en marcha un formulario estándar de información sobre reparaciones y, a partir de 2027, una plataforma gratuita en línea para gestionar las reparaciones. Los ordenadores portátiles, las consolas y los muebles aún no están cubiertos, pero se espera que la lista se amplíe.