Por Byron Kaye y Scott Murdoch
SÍDNEY, 11 feb - Australia puso fin el viernes a una demanda por cártel contra Citigroup Inc, Deutsche Bank AG y cuatro exejecutivos por una emisión de acciones de 1.800 millones de dólares, una inesperada retirada de lo que habría sido el mayor juicio penal de ejecutivos del país.
Tras casi cuatro años de audiencias previas al juicio en salas repletas, los fiscales federales dijeron que habían retirado el caso tras revisar las pruebas y concluir que "ya no había perspectivas razonables de condena".
El alcance de la demanda se había reducido en los últimos meses, ya que los fiscales habían retirado los cargos contra el antiguo jefe de Citi en Australia, el cliente de la emisión de acciones en cuestión (Australia and New Zealand Banking Group Ltd), y el antiguo tesorero de ANZ.
La medida pone fin a un desafío de gran alcance a la forma en que los bancos de inversión suscriben conjuntamente las ampliaciones de capital y elimina la amenaza de cárcel para los antiguos ejecutivos del banco. También plantea de nuevo la cuestión de si las autoridades australianas se han excedido.
Los bancos habían sido acusados de "conducta de cártel" que conllevaba la posibilidad de fuertes multas y penas de prisión de hasta 10 años. El asunto se produjo en el momento álgido de la reacción de la opinión pública australiana contra lo que se consideraba un sector bancario sin escrúpulos.
El núcleo del caso fueron las conferencias telefónicas celebradas poco después de la emisión de acciones de 2015 en las que los bancos comentaron que se quedaban con acciones sin emitir. Se escuchó a los empleados decir que se abstenían de vender las acciones para evitar que llegara al mercado una avalancha de nuevas acciones que hubiera hecho caer el precio.
JPMorgan Chase & Co también participó en las conferencias telefónicas. Siguiendo un consejo legal, la entidad notificó a los reguladores sobre una posible percepción de colusión a cambio de inmunidad judicial, según dijeron antiguos empleados en las audiencias, añadiendo que nunca consideraron las conversaciones como impropias.
Los representantes de JPMorgan no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
La decisión supone un embarazoso revés para la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, que fue la primera en remitir el asunto a la fiscalía.