Los reguladores endurecen el control sobre las plataformas, los fallos de diseño y la verificación de edad, pero la tecnología fácilmente sorteable, los riesgos para la privacidad y la falta de responsabilidad de los padres están minando silenciosamente todo el esfuerzo.
El uso que hacen los adolescentes de las redes sociales y de los servicios digitales se ha convertido en un tema recurrente entre los responsables políticos de todo el mundo, también en la Unión Europea (UE).
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Mientras algunos países estudian actualmente prohibiciones hasta los 16 años, otros barajan enfoques más moderados con umbrales de edad inferiores.
Por su parte, Estonia, uno de los países más avanzados digitalmente, rechaza abiertamente la idea de fijar una edad mínima común en la UE para el uso de redes sociales y recalca la importancia de la alfabetización digital de menores, docentes y progenitores, así como de una aplicación más estricta de los marcos jurídicos ya existentes, como la Ley de Servicios Digitales (DSA).
Hace unas semanas, un grupo especial de expertos, dirigido por el profesor doctor Jörg M. Fegert y la doctora Maria Melchior, presentó un informe sobre la seguridad infantil en línea con recomendaciones concretas.
Aunque el informe es en general equilibrado y reconoce que no todos los menores de 18 años deben tratarse del mismo modo, deja un amplio margen de interpretación a los responsables políticos de la UE y se hace eco del énfasis de la Comisión en nuevas obligaciones para las plataformas, mientras confía en gran medida en medidas blandas para la implicación de los padres.
Los marcos jurídicos vigentes en la práctica
El debate a escala de los Estados miembros es bastante simplista y se centra sobre todo en la edad mínima de uso de las redes sociales y de otros servicios digitales.
Además, países como Francia han prohibido recientemente los teléfonos móviles en los centros escolares.
Aunque se trata de un asunto fácil de explicar y que ofrece réditos políticos importantes, los detalles técnicos y la capacidad institucional necesarios para hacer cumplir esas exigencias apenas forman parte de la discusión.
El debate sobre la protección de los menores en internet en el ámbito de la UE no es nuevo ni ha sido desatendido.
La Unión Europea ya había recogido numerosas disposiciones en distintas normas destinadas a proteger a la infancia en línea.
La Ley de Servicios Digitales (DSA), por ejemplo, sirve para evaluar características de diseño de las plataformas que puedan resultar perjudiciales, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece salvaguardas para proteger los datos personales y el consentimiento de los menores en línea, y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) se amplió recientemente para abarcar nuevas formas de contenidos audiovisuales y plataformas de intercambio de vídeos.
La lista continúa con el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UCPD), la Directiva sobre derechos de los consumidores (CRD), la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos (UCTD), el Reglamento sobre seguridad general de los productos (GPSR), la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos (PLD), el Reglamento sobre publicidad política (PAR), el muy criticado Chat Control 1.0 y las propuestas de Chat Control 2.0, además de numerosas orientaciones, mecanismos de cooperación, estrategias, declaraciones políticas y programas de alfabetización digital.
Al igual que en otros debates sobre la protección de los consumidores en línea, la discusión actual sobre la protección de los menores se centra más en añadir nuevas capas regulatorias y mecanismos que en mejorar la aplicación de las normas ya vigentes.
Con este objetivo, la UE ha lanzado su propia aplicación de verificación de edad, probablemente propondrá pronto una edad mínima común en la Unión para el uso de redes sociales, junto con nuevas obligaciones para las plataformas, y defiende requisitos de diseño ex ante, como la prohibición del desplazamiento infinito.
Complicaciones: cómo se eluden las restricciones, seguridad de los datos y fragmentación
Las experiencias negativas del Reino Unido y Australia, donde los adolescentes han sorteado las restricciones locales por distintos medios, desde el uso de redes privadas virtuales (VPN) hasta la migración a plataformas marginales y menos reguladas, han complicado notablemente el debate político.
Los responsables políticos europeos tienen ahora que tener en cuenta estos ejemplos reales de otros países y definir medidas de precaución para evitar que se repita un escenario similar en Europa.
Hasta ahora, el esfuerzo no ha tenido éxito, a comienzos de este año la Comisión Europea presentó una aplicación de verificación de edad que, sin embargo, fue criticada por su falta de fiabilidad, ya que agentes de inteligencia artificial podían sortearla "en cuestión de minutos".
Además, la UE debe respetar los principios europeos de protección y minimización de datos, especialmente ante el creciente número de filtraciones tanto en plataformas digitales privadas como en servicios públicos.
Por último, el enfoque fragmentado sobre la edad mínima de uso en los Estados miembros puede dificultar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo a escala europea.
Los países que se han apresurado a aprobar sus propias versiones de estas leyes probablemente se resistirán a la recomendación del panel de expertos de centrarse en restringir el acceso de los menores de 13 años, amparándose en que el propio informe señala que "los países pueden preferir adoptar un umbral superior a los 13 años".
Fomentar la resiliencia, implicar a padres y cuidadores
El informe sostiene que la seguridad de los menores en línea es ante todo responsabilidad de los proveedores de redes sociales y de otros servicios digitales, y sitúa a padres y cuidadores en un segundo plano.
"Los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales mantienen la responsabilidad principal de garantizar la seguridad de los menores en sus servicios. Además, padres y cuidadores desempeñan un papel importante supervisando el tiempo que niños, niñas y adolescentes pasan en línea y orientando a los menores para afrontar conjuntamente los riesgos a los que se enfrentan en los entornos de redes sociales y servicios digitales".
Es cierto que el papel de la supervisión parental disminuye a medida que el niño crece, gana autonomía y se ve cada vez más influido por sus iguales.
También es cierto que, en ocasiones, los padres no disponen de los recursos, el tiempo o los conocimientos digitales necesarios para utilizar las herramientas de control parental existentes.
No obstante, el cambio cultural que la Comisión Europea y muchos responsables políticos a escala local tienen en mente solo será posible si se combinan las medidas regulatorias y de alfabetización con una mayor implicación de las familias.
Más aún si se tiene en cuenta que los propios padres actúan a veces como facilitadores de la elusión de normas y dan a sus hijos acceso ilimitado al mundo digital.
Apenas hay datos sobre el uso que hacen los padres europeos de las opciones de control parental disponibles, pero una encuesta de 2020 realizada por la red EU Kids Online señala que, de media, solo el 22% de los padres europeos utilizaba estas herramientas.
Solo los padres franceses y malteses mostraban una implicación algo mayor, mientras que en 2020 solo el 12% de los padres lituanos y el 14% de los checos empleaban mecanismos de control parental.
El grupo especial de expertos adopta un enfoque relativamente suave respecto a la implicación de los padres, centrado en la alfabetización digital, las orientaciones y las herramientas de apoyo.
Sin embargo, los cambios culturales de calado suelen requerir la combinación de medidas blandas con obligaciones firmes, no solo para las plataformas digitales, sino también para los progenitores.
Aunque la UE cuenta con un amplio marco de protección de la infancia aplicado por las agencias nacionales, los debates políticos actuales sobre menores en línea apenas incluyen incentivos directos ni mecanismos de rendición de cuentas para los padres.
Sin una responsabilidad parental claramente definida para limitar el tiempo de pantalla excesivo, el ciberacoso y los abusos en línea hacia otros menores, muchos padres pueden seguir adoptando una actitud pasiva y confiar por completo en la normativa local o europea en lugar de asumir de forma proactiva el bienestar digital de sus hijos.
Esta información se publicó originalmente en EU Tech Loop (fuente en inglés) y se ha compartido en Euronews en el marco de un acuerdo de sindicación.