Expertos jurídicos y grupos de defensa de los derechos humanos han dado la voz de alarma, acusando a Italia de menoscabar el derecho de asilo.
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Italia ha trasladado este viernes a 40 migrantes hasta los centros de detención que gestiona este país en Albania, al otro lado del mar Adriático. Según los medios de comunicación italianos, el grupo de inmigrantes ha partido desde la ciudad de Brindisi.
Las autoridades aún no han confirmado la nacionalidad de los expulsados ni más detalles, como su estatus migratorio. Estas personas están retenidas en dos instalaciones construidas y gestionadas por Italia en Shëngjin y Gjadër, en el norte de la nación balcánica. Estos se idearon inicialmente para tramitar las solicitudes de asilo de los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo.
Sin embargo, desde su puesta en marcha en octubre, varios recursos judiciales han restringido el pleno uso de los centros y algunos inmigrantes han sido devueltos a Italia después de que los tribunales rechazasen su detención en el extranjero. La duración de la estancia de los internados en Albania sigue sin estar clara, aunque, según la legislación italiana, los solicitantes de asilo rechazados pueden permanecer retenidos hasta 18 meses mientras se desarrolla su proceso de deportación.
Dudas jurídicas ante la vulneración de derechos humanos
Estos traslados se producen después de que el Gobierno de la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, ordenara recientemente a los centros albaneses que detuvieran también a los solicitantes de asilo rechazados que se enfrentan a una deportación.
Varios grupos de derechos humanos y expertos jurídicos han denunciado la medida, expresando su preocupación por la legalidad y el precedente que pueda sentar. "Tienen que demostrar que están haciendo algo con esta estructura increíblemente cara", afirma Meghan Benton, del Migration Policy Institute. Benton señala que otros países de la Unión Europea, entre ellos Países Bajos, han expresado su interés en acuerdos similares con Estados como Uganda. Intentos de medidas similares en el pasado supusieron un fracaso, como el paradigmático caso de las deportaciones de Reino Unido hasta Ruanda; un programa que fue cancelado al poco de iniciarse ante su ineficacia, coste y vulneración de la legislación internacional.
Francesco Ferri, experto en migración de ActionAid que se unió a una delegación de ONG y legisladores italianos que supervisa los traslados en Albania, afirma que la medida carece de una base jurídica clara. Ferri explica que no hay ninguna disposición en la legislación italiana o de la UE que permita tal deportación de solicitantes de asilo rechazados. "Para nosotros es inaceptable", expresa.
Desde la firma del acuerdo bilateral de 800 millones de euros en noviembre de 2023, los centros han permanecido en gran medida inactivos debido a barreras legales y a la presión de grupos de derechos humanos. Estos argumentan que el acuerdo viola el Derecho internacional y pone en peligro a los inmigrantes, retenidos contra su voluntad en un tercer Estado hasta que se resuelvan sus respectivos casos.
En virtud del acuerdo, unos 3.000 inmigrantes que sean interceptados cada mes por la guardia costera italiana en aguas internacionales pueden ser procesados en Albania. Los que obtienen asilo son reubicados en Italia, mientras que otros se enfrentan a la deportación directamente desde suelo albanés.
Sin embargo, los tres primeros grupos de 73 inmigrantes trasladados el pasado otoño e invierno fueron devueltos a Italia en cuestión de horas, ya que los magistrados se negaron a validar su detención fuera de la UE. Según el Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año han desembarcado en las costas italianas 11.438 inmigrantes, menos que los 16.090 registrados en el mismo periodo del año pasado.