La Policía intervino para dispersar a los manifestantes en las playas de Trampolín y Benítez después de que durante los disturbios se prendieran fuego a pertenencias y refugios improvisados utilizados por migrantes. Imágenes emitidas por la televisión pública española mostraron a los manifestantes lanzando objetos a las hogueras mientras los agentes los hacían retroceder, con los migrantes replegándose tras un cordón policial en un espigón.
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Horas antes, decenas de manifestantes habían llevado a cabo una sentada para impedir que los vehículos de la Cruz Roja llegaran a la zona para repartir comida y agua. Cuatro camiones de ayuda se vieron obligados a detenerse después de que los manifestantes bloquearan la carretera durante más de dos horas, coreando "Que se vayan" y "Fuera la Cruz Roja" mientras ondeaban banderas españolas. La Policía logró finalmente abrir un paso y el reparto diario se reanudó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Un convoy de ambulancias enviado para prestar asistencia médica también fue bloqueado brevemente.
Los disturbios se produjeron después de un incidente aparte en el que participaron alrededor de 70 migrantes y una patrulla militar. En la madrugada del jueves, un vehículo en el que viajaban cuatro soldados fue supuestamente "emboscado" cerca de la playa cuando personas situadas a ambos lados de la carretera lanzaron piedras y otros objetos. Un soldado resultó herido y las ventanas del vehículo quedaron destrozadas. Los militares se retiraron a pie y pidieron refuerzos. Más tarde, la Policía llegó al lugar y detuvo a 12 ciudadanos marroquíes mientras la multitud se dispersaba.
La violencia pone de manifiesto la presión sobre Ceuta, un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados donde siguen permaneciendo miles de migrantes tras una llegada masiva desde Marruecos un mes antes. Los cálculos del Gobierno español sitúan la cifra entre 3.500 y 7.000 personas, mientras que las autoridades locales aseguran que supera las 10.000. El 27 de agosto, el Ministerio del Interior español anunció planes para enviar personal adicional encargado de identificar a los migrantes, mientras el Gobierno ha aprobado 25 millones de euros para la atención de menores no acompañados. Madrid también ha establecido un mando único para Ceuta, en un contexto de crecientes críticas por su gestión de la crisis.
