Islandia no reabrirá las negociaciones para ingresar en la UE después de que el 52,8% votara en contra en el referéndum. El resultado plantea una pregunta para Bruselas: ¿puede la Unión atraer a democracias ricas y estables más allá de los incentivos económicos?
La ampliación de la UE ha sufrido un revés en Islandia. El 52,8% de los islandeses votó el sábado en contra de reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, por lo que el Gobierno carece de mandato para volver a la mesa de negociación.
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A diferencia de otros países candidatos, donde la adhesión depende de profundas reformas institucionales, el caso de Islandia es distinto. Se trata de un país rico y estable, que se ajusta de forma estrecha a los valores y principios democráticos de la UE.
"En el anterior proceso de adhesión, se abrieron 27 de 35 capítulos de negociación y 11 se cerraron provisionalmente. Además, a través del Espacio Económico Europeo y Schengen, Islandia ya aplica una parte sustancial de la legislación de la UE y está profundamente integrada en el mercado único", señaló Christine Leuchtenmüller, responsable del Programa Regional para los Países Nórdicos en la Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sin embargo, según Leuchtenmüller, el resultado del sábado "refleja principalmente las circunstancias políticas y económicas particulares de Islandia" y no debería "servir para sacar conclusiones más amplias sobre la ampliación de la UE".
La votación islandesa también pone en cuestión la visión más amplia de la seguridad de la UE, sobre todo en un momento en que el bloque depende cada vez más de la ampliación para reforzar su influencia y su seguridad a escala global. Este enfoque ha cobrado mayor importancia tras la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones con Washington y los conflictos en Oriente Medio.
Para el Gobierno de la primera ministra Kristrún Frostadóttir, reabrir las conversaciones de adhesión era una iniciativa emblemática. La intención era construir un mejor escudo de seguridad y un ancla económica para Islandia. Entre las razones figuraban las presiones económicas, como picos de inflación del 10,2% y tipos de interés del 9,25%, y las urgentes amenazas a la seguridad derivadas de la inestabilidad en el Ártico y las fricciones diplomáticas en torno a Groenlandia. Adoptar el euro y entrar en la unión aduanera de la UE habría reducido el coste de la vida y reforzado su defensa y sus intereses de soberanía.
"Los islandeses no han votado contra Europa, han votado contra la redundancia. Cuando un país ya tiene mercado único, Schengen y fronteras abiertas, el valor marginal de un asiento debe compensar la cesión de control compartido sobre su recurso principal", explicó el eurodiputado Mika Aaltola, del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente en la sombra en el Parlamento Europeo del informe sobre la estrategia diplomática de la UE y la cooperación geopolítica en el Ártico.
Ampliación de la UE: ¿por qué quieren entrar los países candidatos?
Ucrania y Moldavia también consideran sobre todo la adhesión a la UE una decisión de seguridad. La invasión rusa ha convertido el acceso a la Unión en algo clave para el futuro de Ucrania, mientras que Moldavia afronta sus propias injerencias y presiones de Rusia. Ambas se convirtieron en candidatas oficiales en 2022, abrieron formalmente las negociaciones de adhesión en 2024 y desde entonces avanzan en paralelo en el proceso.
Ser miembros les permitiría acceder plenamente al mercado único de la UE y, potencialmente, a miles de millones de financiación europea para modernización, infraestructuras y, en particular en el caso de Ucrania, reconstrucción.
Mientras tanto, Montenegro y Albania son actualmente las que van en cabeza. Montenegro negocia desde 2012 y ya ha abierto las 33 áreas de política, mientras que Albania, candidata desde 2014, ha acelerado sus negociaciones en los últimos años. Para ambas, la adhesión promete más inversión y acceso a la financiación y a los mercados de la UE. El propio proceso de adhesión está concebido para impulsar reformas internas, sobre todo en materia de corrupción, independencia judicial y Estado de derecho.
Los países candidatos Serbia, Macedonia del Norte y Bosnia-Herzegovina también ven la adhesión como una vía hacia un mayor desarrollo económico y estabilidad política, pero su recorrido está siendo más lento. Serbia negocia con Bruselas desde hace más de una década, pero su relación con Kosovo, las dudas sobre sus estándares democráticos y sus vínculos persistentes con Rusia complican los avances.
Macedonia del Norte se enfrenta a obstáculos como disputas con países vecinos que ya son miembros de la UE, y Bosnia-Herzegovina aún necesita importantes reformas institucionales y en el ámbito del Estado de derecho. Para las tres, la adhesión supone acceder a un mercado de alrededor de 450 millones de personas, más inversión y una posición política más sólida dentro de Europa.
Los casos más complejos son Georgia y Turquía. Georgia se convirtió en candidata oficial en 2023, pero su proceso de adhesión se ha quedado estancado por la preocupación en la UE ante un retroceso democrático y la orientación de su Gobierno, pese al fuerte apoyo histórico de la opinión pública a la integración europea. Turquía es candidata desde 1999 y empezó a negociar en 2005, lo que la convierte en la candidatura más longeva, pero las conversaciones llevan años congeladas por las inquietudes sobre la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, así como por las disputas en torno a Chipre.
¿Beneficia la ampliación a la UE?
Para la UE, la ampliación es ante todo una cuestión de seguridad e influencia geopolítica, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania. Acercar los países vecinos al bloque reduce la inestabilidad en las fronteras y limita la influencia de potencias como Rusia y China en Europa oriental y los Balcanes Occidentales.
Ucrania y Moldavia son especialmente importantes en esta estrategia por su posición en el flanco oriental de la UE. Integrar los Balcanes Occidentales permitiría incorporar con más firmeza a las estructuras políticas y de seguridad europeas una región rodeada en gran medida por Estados miembros.
Un bloque más amplio también representaría un mercado y una población mayores y podría reforzar la capacidad de negociación de Europa en comercio, política exterior, energía y seguridad, en un momento de creciente competencia entre Estados Unidos, China y Rusia.
En el plano económico, los nuevos miembros ampliarían el tamaño del mercado único de la UE, generarían nuevas oportunidades de comercio e inversión y contribuirían a conectar las redes europeas de transporte, energía y suministro. Los Balcanes Occidentales, por ejemplo, son rutas de tránsito clave entre distintas partes del continente y podrían desempeñar un papel mayor en las redes europeas de energía e infraestructuras.
La ampliación también está pensada para promover reformas democráticas e institucionales en los países que buscan la adhesión. Los candidatos deben cumplir las normas de la UE en materia de Estado de derecho, independencia judicial, derechos fundamentales y lucha contra la corrupción y el crimen organizado antes de poder entrar.
Ello proporciona a Bruselas palancas para fomentar reformas más allá de sus fronteras actuales y, a la vez, puede reforzar la propia seguridad de la UE al mejorar la cooperación en cuestiones como la migración, la gestión de fronteras y la delincuencia transfronteriza.
¿Cómo funciona el proceso de adhesión a la UE?
La adhesión a la UE es un proceso basado en méritos que exige que los países se alineen con los valores y la legislación comunitarios. Cualquier país puede solicitar entrar en la Unión, pero primero debe cumplir los criterios de Copenhague de 1993. Estos incluyen instituciones estables y democráticas, respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos, una economía de mercado operativa y la capacidad de asumir las obligaciones derivadas de la pertenencia, incluida la aplicación íntegra del acervo jurídico europeo. Las negociaciones comienzan formalmente una vez que se cumplen estas condiciones, después la Comisión y el Consejo de la UE conceden al país el estatuto de candidato.
La Comisión inicia un proceso de evaluación para determinar el grado de preparación del candidato. A continuación, este debe aplicar el derecho de la UE y, cuando sea necesario, acometer reformas en 35 ámbitos de política, llamados "capítulos", agrupados en seis bloques temáticos.
Estos abarcan los fundamentos, como la Justicia, la administración pública, el funcionamiento económico y los derechos fundamentales, el mercado interior, la competitividad, la agenda verde, la agricultura y la cohesión, y las relaciones exteriores. Los dos últimos capítulos, 'instituciones' y 'otras cuestiones', recogen asuntos que se plantean durante las negociaciones pero no están cubiertos por ningún otro capítulo.
Los capítulos se abren de forma individual y se cierran provisionalmente cuando la Comisión y el Consejo consideran que el país ha avanzado lo suficiente y ha aplicado las reformas necesarias. Cuando se han concluido todos los capítulos, la Comisión decide si el país está preparado para convertirse en miembro de la UE, decisión que posteriormente el Parlamento y el Consejo de la Unión deben respaldar con su visto bueno final. En caso de resultado positivo, los Estados miembros y el país candidato firman y ratifican el tratado de adhesión.
Las negociaciones pueden prolongarse durante años, aunque la Comisión quiere acelerar el proceso en función de las reformas y la estabilidad política de cada candidato. También son largas porque cada paso requiere el acuerdo unánime de todos los Estados miembros. Hungría, por ejemplo, ha bloqueado durante años los avances de Ucrania, pese a que obtuvo el estatuto de candidata en 2022.
De los siete países candidatos, Montenegro es el que va más adelantado, con todos los capítulos abiertos y 18 cerrados provisionalmente. Albania ha abierto todos los capítulos y ha cerrado tres, seguida de Serbia, que ha abierto 22 y ha cerrado dos. Moldavia y Ucrania han abierto los capítulos sobre fundamentos y relaciones exteriores, mientras que Macedonia del Norte sigue en la fase de evaluación. Las negociaciones con Turquía quedaron paralizadas en 2018.