En enero de 2016, Artur Mas pasó el testigo a Carles Puigdemont.
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En enero de 2016, Artur Mas pasó el testigo a Carles Puigdemont. Una retirada forzada para que su coalición independentista, Junts pel Si, pudiese gobernar Cataluña con la misión de impulsar el proceso de independencia de España.
Sin mayoría absoluta, fue el precio que tuvo que pagar para que la heteróclita coalición obtuviese el apoyo de los diputados antisistema de la CUP.
En diciembre de 2016, los grupos partidarios de la secesión se reunieron en Barcelona y acordaron celebrar el referéndum en septiembre de 2017.
Carles Puigdemont, Presidente del Gobierno de Cataluña: “Lo que nos une es la voluntad de celebrar en Cataluña un referéndum sobre cuales serán los vínculos entre Cataluña y España y hacerlo con el acuerdo del Estado español.”
Pero aunque el dirigente catalán fue recibido en Madrid, la posición del Gobierno español no cambió; como sucedió con Artur Mas, el presidente Mariano Rajoy repitió a Carles Puigdemont que el referéndum sería ilegal, y por tanto sin efecto.
El Tribunal Constitucional español bloqueó el proceso y lanzó una advertencia a Puigdemont, y a la presidenta del “Parlement” catalán, Carme Forcadell. La fiscalía investiga a esta última por desobedicencia por permitir que el “Parlament” tramitara una serie de resoluciones para facilitar el proceso independentista.
El Gobierno catalán ha anunciado además que va a activar el 1 de julio el sistema informático que le posibilita recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes,incluso los que corresponden al Estado. Con 7,5 millones de habitantes, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, con un fuerte sentimiento nacionalista. Según un sondeo realizado en diciembre, el 46,8% de sus habitantes son contrarios a la independencia, mientras que el 45,3% quieren separarse de España.