PUBLICIDADReunión a cara de perro entre representantes del Gobierno español y de la Generalitat en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona. La cita la había convocado de forma urgente el president, Carles Puigdemont, para discutir sobre la coordinación policial para garantizar la seguridad el día del referéndum. El Gobierno central insiste en que lo más seguro sería anularlo. El autonómico se niega a desconvocarlo.
- “Lo que se intenta hacer el próximo domingo ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y los tribunales están pidiendo que no se lleve a cabo. Y en esa línea y con esa disposición vamos a actuar con absoluta determinación para cumplir ese objetivo”, afirmaba tras la reunión el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
El Gobierno catalán admite que se ha producido un cambio de situación desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha asumido la dirección de las pesquisas y las órdenes para prohibir la consulta, sin embargo:
- “El compromiso del gobierno catalán es muy claro, queremos que la gente pueda votar, pero también tenemos que aceptar que tenemos una policía con responsabilidades legales. Tenemos esta orden sobre nosotros, no podemos olvidarlo, y debemos cumplir nuestras obligaciones sin crear mayores problemas que los que debemos evitar”, sentenciaba el consejero de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn.
En cualquier caso, Forn ha afirmado que hay “un bien superior a cumplir la ley” y que ese bien es “la seguridad ciudadana”, lo que llena de suspense la actuación de los mossos el próximo domingo.