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Malversación y no rebelión, "la última bala legal de la defensa de Carles Puigdemont"

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Malversación y no rebelión, "la última bala legal de la defensa de Carles Puigdemont"

Malversación y no rebelión, "la última bala legal de la defensa de Carles Puigdemont"
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A diferencia de Bélgica, la legislación alemana contempla delitos similares al de rebelión. Bajo el nombre de "alta traición", el código penal germano estipula castigos de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua para quienes intenten "mediante violencia o amenaza de violencia" cambiar las fronteras federales, perjudicar la existencia del Estado o cambiar el Orden Constitucional. En España, que acusa de rebelión a Puigdemont y a otros líderes independentistas, la justicia apreció actos de violencia en algunos episodios del procés.

Nikolaos Gazeas, experto en Derecho Penal Internacional

La justicia alemana deberá pronunciarse al respecto en un periodo máximo de tres meses y su decisión sobre este punto será clave para el futuro procesal del expresidente autonómico:

"Si el tribunal alemán dictamina que la rebelión no es un delito por el que pueda ser extraditado, esto significaría que, si el gobierno alemán acepta el fallo y sus efectos, Puigdemont no podría ser acusado de rebelión en España y solo de los delitos por los que fue extraditado. Y es probable que fuera por malversación de fondos públicos, un delito que tiene un rango de castigo mucho más bajo, y que no es el principal por el que le persigue España", explica el especialista en derecho penal Nikolaos Gazeas.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno español

En cualquier caso, el Gobierno español, por boca de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado que aceptará la decisión de la Justicia alemana:

"Nosotros respetamos los procedimientos de la Justicia Alemana, porque ese es el pacto que nos hemos dado todos los europeos para lograr que Europa, que es una gran democracia, pues todos ayudemos al conjunto, a que se respete la ley y las decisiones de los tribunales", ha aseverado ante la prensa.

Si fuera extraditado por malversación, el máximo castigo que podría recaer sobre Puigdemont sería de 8 años de cárcel y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta podría ser la última bala de la defensa de Carles Puigdemont para evitar ser juzgado por un delito que se castiga en España con hasta 30 años de prisión.