Una circunstancia que ha obligado al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, al aplazamiento de la sesión
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"Riesgo de reiteración delictiva".
Es la razón aducida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que deniega por segunda vez la asistencia de Jordi Sànchez a su investidura como presidente de la Generalitat.
Para fundamentar su petición, su abogado presentó un escrito del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se garanticen sus derechos "civiles y políticos".
En prisión provisional desde mediados de octubre, Sánchez será juzgado por rebelión y otros delitos por su papel relevante en el proceso soberanista impulsado por políticos y líderes sociales en Cataluña y que culminó en una declaración unilateral de independencia, que el Tribunal Constitucional consideró ilegal.
Sánchez ya había sido propuesto como candidato a la presidencia regional a mediados de marzo pero el juez ya le negó ir al debate de investidura con los mismos argumentos, por lo que finalmente renunció.
Su candidatura fue reactivada hace unos días por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aunque topa con la misma negativa. Una circunstancia que ha obligado a Torrent a aplazar el debate de investidura.
En el Parlamento catalán elegido el 21 de diciembre, los partidos independentistas tienen la mayoría absoluta, con 70 de los 135 escaños, aunque el partido ganador fue Ciudadanos, contrario al procés independentista.