El Tribunal Supremo español, en una decisión sin precedentes, llevará al Pleno la decisión final sobre si son los bancos o sus clientes quienes tienen que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas.
PUBLICIDADFrenazo de la justicia española que revisará su decisión sobre el impuesto de las hipotecas.
El Tribunal Supremo español, en una iniciativa sin precedentes, llevará al Pleno de la Sala Tercera la decisión final sobre si son los bancos o sus clientes quienes tienen que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas.
Una sentencia, conocida el jueves, obligaba a los bancos a asumir el coste de este trámite que puede suponer unos 1.500 euros para una hipoteca media de 150.000 euros. La noticia provocó el mismo jueves el desplome en la Bolsa de Madrid de las acciones de las entidades más expuestas al mercado hipotecario.
El presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, ha tomado la decisión por "su enorme repercusión económica y social".
Paralizados todos los recursos planteados contra esa sentencia.
Sin embargo, según fuentes jurídicas, esto no implica la suspensión de la sentencia, que continuará vigente hasta que el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 31 jueces, se reúna próximamente. De lo que decidan los magistrados dependerá la futura resolución de los recursos de casación.
El Supremo argumentó que el pago del gravamen debe correr por cuenta del banco como único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de la hipoteca en el registro. Aún se desconoce si la sentencia se aplica con carácter totalmente retroactivo desde la entrada en vigor de la legislación que implantaba los actos jurídicos documentados, en 1995.
Los bancos concedieron entre julio de 2014 y el mismo mes de 2018 cerca de 1,5 millones de préstamos hipotecarios en España.
El importe de estas operaciones rondó el equivalente a los 190.000 millones de euros.
Dado que el gravamen supone entre el 0,5 % y el 1,5 % del importe total del préstamo, las entidades financieras podrían, llegado el caso, tener que desembolsar alrededor de 1.900 millones de euros