Una ciudad sueca pide el pago de una licencia de 23 euros para mendigar en sus calles

Una ciudad sueca pide el pago de una licencia de 23 euros para mendigar en sus calles
Por Euronews con EFE
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La ciudad sueca de Eskilstuna, al oeste de Estocolmo, se ha convertido en la primera del país en exigir el pago de una licencia para poder pedir dinero en sus calles, una medida destinada a acabar con la mendicidad.

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La ciudad sueca de Eskilstuna, al oeste de Estocolmo, se ha convertido en la primera del país en exigir el pago de una licencia para poder pedir dinero en sus calles, una medida destinada a acabar con la mendicidad.

Quienes quieran ejercer de mendigos en Eskilstuna, un municipio de algo más de 100.000 habitantes, a partir de este mes deben solicitar por internet o en una comisaría el permiso, que cuesta 250 coronas suecas (23,3 euros) y será válido un máximo de tres meses, además de mostrar un documento de identidad.

Pedir dinero sin permiso en las zonas de la ciudad incluidas en la normativa -centro, áreas de compra y exterior de instalaciones deportivas, entre otras- será sancionado con multas.

"Es difícil saber en qué resultará, probamos nuevas vías burocratizando y dificultando la actividad", dijo a la televisión pública sueca SVT el alcalde de la localidad, el socialdemócrata Jimmy Jansson.

La introducción de esa normativa municipal ha provocado críticas de varias organizaciones sociales que consideran que así se criminaliza la mendicidad.

"No se trata de perseguir a personas, sino de invocar la gran pregunta: ¿Pensamos que hay que normalizar la mendicidad en la sociedad de bienestar sueca? No veo la misma energía en criticar el hecho de que haya gente que se ve obligada a pedir que en criticar nuestros intentos de poner reglas", lamentó Jansson.

Según recogen medios locales, la policía de Eskilstuna ha recibido hasta ahora ocho solicitudes para obtener el permiso.

La normativa fue adoptada en mayo del año pasado por el Gobierno local, compuesto por socialdemócratas, liberales y conservadores, pero su entrada en vigor se vio retrasada al ser presentada una queja ante los tribunales administrativos.

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