¿Qué pasó en los hospitales y las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante lo más duro de la pandemia? La polémica arrecia en la capital de España tras hacerse público un protocolo de triaje en residencias y hospitales que excluía a personas dependientes o con discapacidad.
PUBLICIDAD¿Qué pasó en los hospitales y las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante lo más duro de la pandemia? ¿Qué criterios utilizaron las Unidades de Cuidados Intensivos para admitir o rechazar a los enfermos de COVID-19?
La polémica arrecia en la capital de España tras hacerse público que un alto cargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico envió un protocolo de triaje con la orden de excluir a personas dependientes o con discapacidad, condiciones frecuentes entre quienes viven en asilos de ancianos. Tal y como explica el diario El País, el objetivo de esta guía, que fue utilizada en las semanas siguientes por hospitales y residencias, era evitar el colapso de la Sanidad madrileña, que rechazó el ingreso de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos de forma sistemática durante casi un mes hasta mediados de abril.
Las consecuencias fueron dramáticas. El 88% de las cerca de 6.000 muertes en residencias de ancianos de Madrid se produjeron hasta el día 17 de ese mismo mes. Muchos familiares de víctimas consideran que fueron sacrificadas.
En algunos momentos, se aplicaron criterios tan amplios como la edad: los mayores de 75 años fueron descartados para que enfermos más jóvenes pudieran tener un respirador que los mantuviera con vida. Según el testimonio de la directora de una cadena de residencias recogido por El País, justificaban los rechazos alegando que a partir de esa edad la intubación está contraindicada, pero "es habitual intubar a pacientes mayores" de 75 años, explica el rotativo.
La oposición de izquierdas pide la dimisión del Gobierno regional, y el portavoz socialista en la Asamblea Regional amenaza con una moción de censura que sus correligionarios reclaman con dureza. La formación ultraderechista VOX, que apoyó con sus votos la investidura del Ejecutivo Autonómico, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, pide que el Defensor del Pueblo investigue lo ocurrido en las residencias y se haga público ese informe. El Gobierno regional se escuda en que el documento aireado por el país es un borrador que se envió por error y que los protocolos cambiaban en función de la gravedad de la situación.
La polémica hace tambalearse al Gobierno regional, que depende del apoyo de Vox. Mientras tanto, teniendo como telón de fondo muestras de duelo oficial a todos los niveles, un silencio infinito inunda calles y parques de Madrid.