El expresidente del Gobierno rechazó ante el Senado haber facilitado el rescate de Plus Ultra, negó contactos con autoridades y calificó de "falsas y vergonzosas" las acusaciones, mientras el PSOE acusa al PP de usar la comisión con fines políticos.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negó este lunes haber facilitado el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y rechazó cualquier vinculación con decisiones del Ejecutivo español durante su comparecencia ante la comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado.
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"No, en absoluto", respondió de forma tajante al ser preguntado por su posible influencia en la concesión de las ayudas aprobadas en marzo de 2021. Zapatero dijo acudir a la comisión "cumpliendo con deber constitucional" y subrayó que no ostenta responsabilidades públicas desde hace 14 años. "No tengo responsabilidad pública, vengo como ciudadano. Esta es una comisión de control política. No responde políticamente", señaló.
El expresidente negó haber hablado con el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el rescate antes de que se aprobara y aseguró no mantener relación con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola: "Cero, nada de nada". También rechazó haber tratado este asunto con el exministro José Luis Ábalos y afirmó que solo se reunió con él una vez, después del rescate.
Durante su intervención, Zapatero reconoció haber sido consultor de la sociedad Análisis Relevante y percibir unos ingresos que calificó como "un precio de mercado". Admitió igualmente haber propuesto que la aerolínea subcontratara a la sociedad de sus hijas, una decisión que defendió como transparente y declarada.
El exmandatario calificó de "perversas, falsas, indignantes y vergonzosas" las acusaciones sobre un supuesto "chivatazo" a directivos de Plus Ultra y denunció que "todo lo que se ha dicho sobre esto son falsedades".
En paralelo, el PSOE acusó al Partido Popular de impulsar una "persecución política" al citar a Zapatero en la comisión del Senado, que los socialistas consideran una "plataforma electoral" y un instrumento de "desgaste" contra el Gobierno.