La junta militar que dió el golpe de Estado el 1 de febrero en Birmania reprime con dureza a quienes se atreven a protestar en las calles.
PUBLICIDADCañones de agua, balas de goma y munición real, así dispersó la Policía las protestas que han congregado un día más a decenas de miles de personas contra la junta militar en Birmania.
En la capital, Naipiyidó, resultaron heridas al menos 7 personas, según un portavoz del partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Una represión que coincide con el anuncio por parte de la primera ministra neozelandesa de cortar toda relación con la junta militar birmana. Habla Jacinda Ardern:
"Haremos lo que podamos desde aquí en Nueva Zelanda y una de las cosas que podemos hacer es suspender ese diálogo de alto nivel, a nivel político. Podemos establecer prohibiciones de viaje, y podemos asegurarnos de que la financiación de la ayuda que destinamos a Birmania no apoya de ninguna manera al régimen militar".
Desde el levantamiento militar al menos 170 personas han sido detenidas, la mayoría del partido liderado por Suu Kyi, aunque dieciocho ya han sido puestas en libertad.
Borrell admite que existe la posibilidad de sancionar a golpistas de Birmania
El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, expuso hoy en el debate del Parlamento Europeo sobre la situación de Birmania (Myanmar) que los Veintisiete tienen la posibilidad de aplicar sanciones selectivas contra personas y empresas propiedad de los militares del país, quienes han sido los responsables del golpe de Estado del 1 de febrero.
"Tenemos tres instrumentos para utilizar. Primero, considerar sanciones selectivas adicionales sobre individuos y empresas propiedad del ejército -sabéis que en estos países el ejército es un gran poder económico; poseen una parte importante de la infraestructura económica del país", dijo Borrell.
Asimismo, puntualizó que se están valorando las posibilidades de revisar la asistencia para el desarrollo en Birmania y evaluar el uso de la iniciativa europea de preferencias comerciales Todo menos armas (ABE).
El golpe de Estado en Birmania “significó que se volvió atrás en la Historia”, recalcó Borrell, por lo que aseguró que es crucial una actuación rápida de forma contundente y en coordinación con los socios de la UE, con el fin de evitar que los militares se asienten en el poder.
“Nos hemos comprometido con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), India, Estados Unidos, Australia y también discutimos la situación con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi”, aclaró Borrell, ya que según añadió, la UE no podría conseguir cambios en Birmania sin una coordinación con las grandes potencias.
Sin embargo, el alto representante subrayó que tampoco se puede hacer de manera precipitada, sino que se deben valorar las repercusiones en la sociedad.
Borrell detalló que en el sector textil de Birmania trabajan cerca de 500.000 personas, principalmente mujeres, que se verían gravemente afectadas si se retiran las preferencias comerciales.
Por su parte, el alemán Daniel Caspary, del grupo del Partido Popular Europeo, puntualizó que si se adoptan más sanciones también se debilitará el poder económico de la UE en la región, donde “el 8 % de las exportaciones que llegan a Birmania son europeas”.
La eurodiputada Mazaly Aguilar, del grupo de los Conservadores y reformistas europeos, propuso que la Comisión debe revisar la aplicación del sistema de preferencias generalizadas y paralizar la importación a la UE del arroz procedente de Birmania.
Además, en el debate se señaló que los Estados miembros podrían retirar a los embajadores del país asiático, pero Borrell argumentó que con esta medida se cortarían los canales de comunicación y se reduciría la capacidad de la UE de actuar en el terreno y de recopilar información.
Por lo tanto, el alto representante detalló que los objetivos a corto plazo se enfocan en la liberación inmediata y sin condiciones de quienes han sido encarcelados tras el golpe de Estado y que se cree algún canal para el diálogo.
La representante del grupo de la Izquierda, Marisa Matías, expuso que su grupo condena esta situación en la que se ha violado la Constitución, pero también desaprueba la violación de los derechos humanos, cuando el propio Gobierno democrático de Birmania “falló a la hora de reconocer a la etnia Rohinyá”.
PUBLICIDAD“Queremos apoyar la transición democrática”, dijo Borrell, y aunque existen desacuerdos después de los eventos de 2017 contra la etnia Rohinyá, la UE continuará pidiendo que vuelva el Gobierno y “que puedan pagar sus culpas por este genocidio”.