El Ejecutivo podrá tener datos biométricos y personales. La oposición considera que es una violación de la privacidad.
El Senado mexicano aprobó el pasado martes una ley por la que los ciudadanos tendrán que hacer un registro de sus teléfonos que incluirá datos biométricos y personales. El plazo voluntario para ajustarse a la normativa es de dos años, tras lo cual se hará de forma obligada.
Para el Gobierno se trata de garantizar la seguridad de la población, ya que los móviles se utilizan para crímenes como secuestros o extorsiones. Los partidos de la oposición y algunas asociaciones rechazan la ley al considerar que viola derechos fundamentales como la privacidad. Para Luís García, director de la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) la medida es "demagoga porque es completamente absurdo creer que los criminales usarán líneas registradas a su nombre para delinquir".
Durante 2006 y 2012 el entonces presidente Felipe Calderón. puso en marcha un sistema similar que fue abolido por la Cámara Alta. Ahora, senadores de los partidos opositores están buscando la fórmula para evitar que la normativa siga vigente.
