Cornell se suma a otras universidades de élite, como Columbia, Brown y Pensilvania, que han alcanzado acuerdos con la Administración Trump para acatar su interpretación de las leyes de derechos civiles y así recuperar la financiación federal destinada a la investigación.
La Universidad de Cornell ha acordado pagar 60 millones de dólares (51,9 millones de euros) y aceptar la interpretación de las leyes de derechos civiles propuesta por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restablecer la financiación federal y poner fin a las investigaciones sobre la escuela perteneciente a la Ivy League.
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, anunció el acuerdo la semana pasada, señalando que defiende la libertad académica de la institución y, al mismo tiempo, restaura más de 250 millones de dólares (216 millones de euros) en fondos de investigación que el Gobierno había retenido durante las pesquisas por presuntas violaciones de los derechos civiles.
Kotlikoff afirmó que la congelación de los fondos por parte del Gobierno había paralizado la investigación, trastornado carreras profesionales y amenazado el futuro de los programas académicos. La universidad aceptó pagar 30 millones de dólares (25,9 millones de euros) directamente al Gobierno de EE.UU., y destinar otros 30 millones a proyectos de investigación que beneficiarán a los agricultores estadounidenses.
El acuerdo es el más reciente alcanzado entre la Administración Trump y varias universidades de élite a las que el presidente ha acusado de tolerar el antisemitismo y promover ideas de extrema izquierda. Trump mantiene un pulso con Harvard, la universidad más antigua y rica del país, y últimamente ha optado por un enfoque basado en incentivos, ofreciendo acceso preferente a financiación federal a las instituciones que respalden su agenda política.
Kotlikoff declaró que el pacto reaviva la relación del campus con el Gobierno federal, "al tiempo que afirma el compromiso de la universidad con los principios de libertad académica, independencia y autonomía institucional que, desde nuestra fundación, han sido parte integral de nuestra excelencia".
El acuerdo, de seis páginas, es similar al firmado el mes pasado por la Universidad de Virginia, aunque resulta más breve y menos prescriptivo que los alcanzados por Columbia y Brown.
En una declaración, la sección de Cornell de la Asociación Americana de Profesores Universitarios señaló que el acuerdo "omite muchas de las peores disposiciones" presentes en los firmados por otras instituciones. No obstante, advirtió que el pacto con Cornell supone una amenaza para la libertad académica y va más allá de lo que exige la ley.
"Una de las principales preocupaciones con estos acuerdos ha sido, en general, que si llegas a un acuerdo con alguien cuando te está extorsionando, eso solo fomenta futuras extorsiones", dijo David Bateman, presidente del capítulo, en una entrevista. El acuerdo obliga a Cornell a acatar la interpretación gubernamental de las leyes de derechos civiles en materia de antisemitismo, discriminación racial y transexualidad.
Un memorando del Departamento de Justicia de EE.UU., que ordena a las universidades abandonar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y las políticas favorables a las personas transexuales, se utilizará como material de formación para el profesorado y el personal de Cornell.
El campus también deberá proporcionar una amplia cantidad de datos de admisión solicitados por el Gobierno, con el fin de verificar que la raza ya no se considera un factor en las decisiones de ingreso.
Trump ha sostenido que algunos campus están ignorando la decisión del Tribunal Supremo de 2023, que puso fin a la discriminación positiva en las admisiones. La secretaria de Educación, Linda McMahon, calificó el acuerdo de compromiso transformador que pone el foco en "el mérito, el rigor y la búsqueda de la verdad".
"Estas reformas son una gran victoria en la lucha por devolver la excelencia a la educación superior estadounidense y hacer de nuestras escuelas las mejores del mundo", dijo McMahon en un mensaje en X. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó que el pacto demuestra los beneficios de la cooperación con la Administración.
Las universidades que reciben financiación federal "deben adherirse plenamente a las leyes federales de derechos civiles y garantizar que las políticas de DEI perjudiciales no discriminen a los estudiantes", señaló Bondi en un comunicado. El presidente de Cornell deberá certificar personalmente el cumplimiento del acuerdo cada trimestre. El pacto entre la universidad y la Administración Trump estará vigente hasta finales de 2028.