La reforma de la Política Agrícola Común se encuentra en una fase crucial. Y los sindicatos están luchando para que las ayudas se condicione al respecto de los derechos de los trabajadores del campo. Pero el sector se muestra reacio.
PUBLICIDADLa batalla por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se encuentra en una fase crucial. Y uno de los puntos conflictivos es el que se refiere a los salarios y las condiciones laborales.
Los sindicatos alertan sobre la situación dramática en que se encuentran 4 millones de los 10 millones de trabajadores del sector.
Hemos hablado con una activista que desde hace siete años trabaja en Austria, donde el salario mínimo de los temporeros y migrantes es oficialmente de 7 euros por hora, pero está muy lejos de ser respetado.
"No se respeta el salario mínimo. Normalmente se pagan entre cuatro y cuatros euros y medio la hora. E incluso cuando se paga este salario, utilizan otras estrategias para pagar incluso menos, por ejemplo descontando más dinero del autorizado para vivienda o para comida, o no pagando las horas extras”, explica Sónia Melo, activista de la campaña Sezonieri.
Para poner fin a esta situación, los sindicatos reclaman la introducción de una condicionalidad social. O dicho de otro modo, las explotaciones que no cumplan con la legislación nacional, no tendrán acceso a los fondos europeos.
Una propuesta que rechaza las confederaciones de agricultores, alegando que representa una carga adicional. "Respetamos plenamente la legislación y las normas que se están desarrollando. Pero el vínculo con la Política Agrícola Común es problemático, especialmente cuando se convierte en una condición para los pagos. Lo vemos como una carga administrativa para los agricultores y para los Estados miembros. Y en el peor de los casos significará una doble sanción para los agricultores en caso de infracción. Creemos que esto sería excesivo", afirma Pekka Pesonen, secretario general de COPA COGECA.
El argumento de la sobrecarga administrativa y de la nueva legislación es rechazado por los sindicatos. “Hablan de más burocracia y no nos gusta que se presente de esa manera porque estamos hablando de una regulación ya existente. La única diferencia es que quienes no sigan las reglas, no deberían seguir recibiendo fondos públicos. Esa es la única diferencia respecto al sistema existente", insiste Kristjan Bragason, secretario general de EFFAT (Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo).
Los que se oponen a esta condicionalidad social argumentan que la legislación laboral no es una competencia europea. Pero sus defensores afirman que es una necesidad para aquellos que han seguido trabajado durante la pandemia para que Europa pudiera comer.