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La Justicia europea avala que la UE congele los fondos de ayuda a Polonia y Hungría

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Por Euronews
El primer ministro húngaro, Viktor Orban
El primer ministro húngaro, Viktor Orban   -   Derechos de autor  Virginia Mayo /AP

Los 27 países de la Unión Europea pueden vincular el apoyo financiero a los miembros al respeto de los mismos al Estado de Derecho. Así lo ha dictaminado el alto tribunal de la UE, desestimando el recurso presentado por Hungría y Polonia.

Los dos países, gobernados por partidos de extrema derecha, argumentaban que las sanciones impuestas por Bruselas carecían de un marco legal adecuado. Ambos Gobiernos habían sido repetidas veces objeto de críticas desde la Unión Europea por alejarse de los principios de la misma de respeto a los valores democráticos.

La decisión de la Justicia podría suponer la retención de dinero si un Estado miembro no respeta los valores fundamentales del bloque. Estos incluyen la democracia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la justicia.

"El cumplimiento de los valores no puede reducirse a una obligación que un Estado debe cumplir para acceder a la Unión Europea y de la que puede prescindir después de la adhesión", han asegurado los jueces. La sentencia allana el camino para que la Comisión Europea aplique el mecanismo por primera vez y solicite la congelación de los fondos de la UE, un proceso que podría durar entre cinco y nueve meses.

Según la justicia europea, el instrumento "fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el procedimiento establecido en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión Europea y el principio de seguridad jurídica".

Con su decisión el tribunal ha desestimado el  intento de Hungría y Polonia, cuyos gobiernos han sido acusados ​​repetidamente de violar los valores fundamentales de la UE, de desacreditar el mecanismo, poner en duda su validez legal y retrasar su ejecución.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Budapest y Varsovia interpusieron la demanda contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, los dos colegisladores del bloque, a principios de 2021.

Durante el proceso judicial, las instituciones recibieron el apoyo de las intervenciones de la Comisión Europea, que redactó la propuesta original, así como de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia y Suecia.

La sentencia de Luxemburgo supone un respaldo inequívoco al mecanismo de condicionalidad, sin hacer concesiones a los recursos presentados por Hungría y Polonia.

"La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse gravemente comprometidos por las infracciones de los principios del Estado de Derecho cometidas en uno de los Estados miembros", ha dictado el tribunal.

¿Cuáles han sido la reacciones a la sentencia?

El Gobierno polaco ha asegurado que la sentencia es "un ataque contra su soberanía nacional", mientras que la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, la ha calificado de "sentencia políticamente motivada" y "la prueba de que Bruselas abusa de su poder".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado su satisfacción al conocerse la sentencia y ha comentado que su equipo incorporará las conclusiones del tribunal a su estrategia.

"Cuando se cumplan las condiciones del reglamento, actuaremos con determinación. Las sentencias de hoy confirman que estamos en el buen camino", ha señalado Von der Leyen en un comunicado.

¿Qué es el mecanismo de condicionalidad?

El mecanismo se diseñó en paralelo a las negociaciones sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea y el Plan de Recuperación tras la Covid-19. Este aumento económico llevó a enfatizar el llamamiento a reforzar el cumplimiento del Estado de Derecho, un debate que ya estaba en marcha mucho antes de que estallara la crisis sanitaria.

Tras unas negociaciones a finales de 2020, que incluyeron amenazas fallidas de veto, el sistema entró en vigor en enero de 2021. Hungría y Polonia interpusieron acciones legales poco después. Por ahora, el sistema nunca se ha activado, a pesar de que en los últimos meses la situación en Polonia y Hungría ha llegado a puntos críticos.

A principios de octubre, el Tribunal Constitucional polaco dictó una sentencia extraordinaria que cuestionaba directamente la primacía de la legislación comunitaria y si las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE son vinculantes para los tribunales de los Estados miembros.

El veredicto polaco cayó como un jarro de agua fría tanto en Bruselas como en muchos de los Estados miembros. Eurodiputados y jefes de gobierno exigieron una acción inmediata a la Comisión Europea. Pero la presidenta no recogió el guante.

Von der Leyen aseguró que su equipo esperaría hasta que el TJUE emitiera su veredicto y confirmara la validez legal del instrumento. El ejecutivo también argumentó que estaba elaborando una serie de directrices para ayudar a los funcionarios a aplicar la herramienta.

Aun así, las explicaciones no fueron suficientes para los eurodiputados. Tal y como habían amenazado con anterioridad, el Parlamento Europeo llevó a la Comisión Europea a los tribunales por no aplicar el mecanismo de condicionalidad.

¿Qué poder tiene el mecanismo y cómo funcionará?

Las normas del mecanismo otorgan a la Comisión Europea la facultad de iniciar el procedimiento para congelar fondos de la UE.

En primer lugar, el ejecutivo tiene que presentar un caso legal contra un Estado miembro si se sospecha que infringe la legislación de la UE y pone en peligro el presupuesto común. Este país puede responder a las acusaciones del ejecutivo, intercambiar información e intentar corregir la situación ilegal.

Si la Comisión Europea considera que la infracción persiste, puede emitir formalmente una recomendación para congelar los fondos de la UE. La decisión pasa entonces a los Estados miembros, que tienen que aprobarla por mayoría cualificada (el 55% de los países de la UE que representen al menos el 65% de la población total de la UE).

Las posibles medidas punitivas incluyen la suspensión de pagos, la terminación de los compromisos legales o el reembolso anticipado de los préstamos. Las medidas pueden levantarse posteriormente si el país sancionado corrige la situación.

En total, todo el procedimiento puede durar entre cinco y nueve meses, según los funcionarios de la UE.

Además de la prolongada duración, los expertos han dado la voz de alarma por el escaso alcance del reglamento. La Comisión Europea solo puede actuar cuando las infracciones de la legislación de la UE supongan un "riesgo grave" para la gestión financiera o los intereses financieros del bloque.

"Dicha infracción debe referirse a una situación o conducta imputable a una autoridad de un Estado miembro y relevante para la correcta ejecución del presupuesto de la Unión", subraya el TJUE.

La relación directa podría resultar difícil de demostrar y excluir las infracciones que no afecten al presupuesto de la UE. El reglamento, sin embargo, enumera los peligros para la independencia judicial como uno de los posibles escenarios que podrían merecer la aplicación del mecanismo.

¿Qué pasará ahora?

Todas las miradas están puestas en Von der Leyen, que tendrá que decidir sobre la activación del procedimiento presupuestario. Hungría celebrará sus elecciones nacionales el 3 de abril, una circunstancia políticamente delicada que podría influir en su decisión.

En los últimos meses, funcionarios de la Comisión Europea han intercambiado cartas con las autoridades húngaras y polacas en relación con algunos aspectos que el ejecutivo considera perjudiciales para el Estado de Derecho, como la supuesta corrupción en Hungría y las acusaciones de falta de independencia judicial en Polonia.

Estas cartas no suponen el inicio oficial del mecanismo de condicionalidad, pero implican que se está construyendo un caso legal contra ambos países, que son beneficiarios netos de los fondos de la UE.

En 2020, Polonia recibió 18.000 millones de euros del presupuesto del bloque, mientras que Hungría obtuvo 6.000 millones.

Dado que este instrumento nunca ha sido probado, aún no está claro lo eficaz que podría ser en la práctica. Si finalmente se aprueba, la suspensión de los fondos de la UE afectaría a entidades gubernamentales y autoridades públicas a nivel nacional, regional y local.

Aunque el reglamento incluye disposiciones para garantizar que los beneficiarios finales de los fondos de la UE, como las ONG y los agricultores, acaben recibiendo el dinero y no paguen el precio, el desencadenamiento del proceso podría alimentar el sentimiento antieuropeo dentro del país castigado.

Tanto Polonia como Hungría siguen a la espera de la aprobación de sus planes nacionales de recuperación, que les ayudarán a acceder al fondo de 750.000 millones de euros. La Comisión Europea se ha negado a dar luz verde a sus programas mientras no se aborden las cuestiones relativas al Estado de Derecho.

Mientras tanto, los dos países siguen sometidos al procedimiento del artículo 7, que podría privarles del derecho de voto sobre la política de la UE. El proceso lleva años paralizado porque requiere la unanimidad de todos los Estados miembros (menos el país acusado).