ÁMSTERDAM, 6 abr - El Gobierno neerlandés dijo el miércoles que actualmente está impidiendo que 14 yates —incluyendo 12 que estaban en construcción— salgan del país debido a las sanciones a Rusia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo la declaración en un comunicado al Parlamento, poniendo al día a los legisladores sobre la aplicación de las sanciones tras las críticas de que los Países Bajos se habían quedado atrás con respecto a otros países europeos en la aplicación y las incautaciones.
La construcción de yates es una industria importante en los Países Bajos, y los registros de la cámara de comercio muestran que los principales constructores Heesen, Feadship, Damen Shipyards y Oceanco obtuvieron ventas combinadas de alrededor de 1.500 millones de euros (1.660 millones de dólares) en 2020.
La carta del miércoles decía que, aunque no hay "superyates" anclados en territorios neerlandeses, entre los que se incluyen islas del Caribe como San Martín, los 12 yates en construcción para propietarios rusos "no pueden ser entregados en este momento debido a las actuales medidas de exportación" y se están investigando sus estructuras de propiedad. En marzo, dos miembros rusos del consejo de supervisión de Heesen Yachts dimitieron. Heesen es propiedad de Morcell Ltd. de Chipre, el vehículo de inversión del multimillonario presidente de Lukoil, Vagit Alekperov, que no figura en las listas de sanciones.. Los otros dos yates citados en la carta que no pueden salir de los Países Bajos se encontraban en el país realizando tareas de mantenimiento, decía. "En el caso de uno de estos yates, se está examinando la relación con una persona que figura en las listas de sanciones europeas", decía.
La carta también incluía una actualización de los activos financieros, diciendo que se han inmovilizado 516 millones de euros en activos y 155 millones de euros en transacciones, un poco más que la semana pasada. El Gobierno estima que 27.000 millones de euros en activos rusos están en los balances de empresas registradas en Países Bajos, de los cuales unos 20.000 millones de euros están en manos de empresas ficticias con poca presencia física en el país.