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Las claves detrás del no rotundo de Chile a la nueva Constitución

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Por Laura Llach
Un opositor a la nueva Constitución escucha los resultados parciales del plebiscito
Un opositor a la nueva Constitución escucha los resultados parciales del plebiscito   -   Derechos de autor  Cristobal Escobar/ The Associated Press.

El sueño de un cambio constitucional en Chile, que comenzó tras las grandes protestas estudiantiles de 2019, se ha evaporado este domingo con el no rotundo del 61,8% de los chilenos, frente a un 38,1% de votos a favor.

La propuesta de la nueva Constitución, en la que ha trabajado durante un año la Convención Constituyente, pretendía ser una vía para encauzar el malestar social. Fue en octubre de 2020 cuando el 78% de la población, una amplia mayoría, votaba a favor de sustituir la Constitución actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Una asamblea seleccionada por votación popular fue el método elegido para redactar la nueva Carta Magna. En mayo de 2021, 155 miembros de la constituyente fueron designados por los ciudadanos con la misión de redactarla. La formación, con una fuerte influencia de la izquierda, presentó la propuesta que, tras una campaña de dos meses, ha sido rechazada.

Para Anna Ayuso, investigadora sénior de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) lo que ha fracasado es la propuesta en sí, no el proyecto de cambio constitucional y asegura que incluso entre los partidarios del rechazo hay un convencimiento de que el proceso debe continuar. La pregunta que está ahora sobre la mesa es por qué ha fallado este texto.

Todos los sondeos realizados durante los últimos meses en Chile coincidían en dar ventaja al rechazo de la Constitución. Los analistas señalan tres factores que responderían a la cuestión: el proceso constituyente, el hecho de abordar temas divisivos y cuestiones técnicas en la redacción del texto.

Una convención polémica

“El mismo funcionamiento de la convención ha sido conflictivo y se ha radicalizado en el discurso”, asegura Ayuso. El proceso constituyente chileno estaba compuesto por 77 mujeres y 78 hombres, una estricta paridad. De ellos, 17 eran representantes de los indígenas y unos 48 procedían de las listas independientes, la mayoría de La Lista del Pueblo con marcada ideología izquierdista.

Tan solo 37 asientos pertenecían a la derecha lo que significaba que los votos de este sector no eran necesarios a la hora de alcanzar los dos tercios necesarios para decidir sobre el contenido del texto.

“Ha existido la sensación de que el sector más radical se había apoderado de la redacción de la Constitución y que no se habían tenido en cuenta las aportaciones de otros sectores”, asegura la investigadora del CIDOB.

“Existe la creencia de que, de alguna manera, se han alejado de la posición más de ‘Estado’, de creación de consensos en los que pueden convivir diferentes opiniones ideológicas. Eso ha hecho que un sector de centro izquierda, incluídos algunos exmandatarios, no hicieran campaña y se mantuvieran al margen. Ese sector de la política más tradicional se vio desplazado”, añade.

A esto se le suma la movilización de los sectores más conservadores del país y los escándalos de la Convención Constitucional que han minado su propia imagen. Uno de los más sonados fue el de Rodrigo Rojas Vade, uno de los vicepresidentes y representante de la Lista del Pueblo, que mintió al asegurar que tenía cáncer durante la campaña para ser elegido. Rojas tuvo que dimitir cuando se descubrió que no padecía esta enfermedad.

Temas divisivos

La amplia mayoría que ha respaldado el rechazo da alas a los sectores más moderados de la izquierda y de la derecha para cuestionar los puntos más conflictivos de la propuesta. El texto señala que el país está “conformado por diversas naciones”, lo describe de manera clara como un estado plurinacional.

“Este ha sido uno de los temas más divisivos que atentaba contra la unidad de la patria”, apunta Ayuso. El borrador otorgaba autonomía política y financiera a los indígenas y les permitía regirse por su propia justicia. Actualmente, solo Ecuador y Bolivia cuentan con este reconocimiento en su Carta Magna.

“La cuestión indígena ha afectado a muchos gobiernos y sigue siendo un tema pendiente. Sin embargo, esta solución que se buscaba quizás era demasiado radical si se tiene en cuenta el consenso que existe en el país al respecto”, afirma la investigadora del CIDOB.

“Ahora bien, son unas demandas que están ahí y a las que se tendrán que dar respuesta de alguna manera. Si no es con la autonomía indígena, tiene que ser con la descentralización”, añade.

Otro de los puntos que ha dominado la agenda ha sido la desaparición del Senado como cámara alta, en su lugar existiría una Cámara de las Regiones que representaría a los diferentes territorios en la discusión legislativa.

Éste, junto con la reforma judicial propuesta en el texto, han sido los temas que más polémica han generado. “Algunos sectores decían que podía politizar la justicia al poner mayor control por parte de las instituciones del gobierno sobre la judicatura”, comenta Ayuso.

Unas críticas a las que ha contestado el presidente del país, Gabriel Boric, prometiendo reformar los aspectos más divisivos en el caso de que se aprobase la nueva Constitución. Aún así, reformar el texto una vez aprobado no sería nada fácil ya que haría falta una supermayoría en ambas cámaras del Congreso.

¿Qué pasará con el cambio constitucional?

El último factor que ha sido decisivo a la hora de decantar la balanza hacia el rechazo es la propia redacción del texto. “Para muchos juristas el texto era muy deficiente en términos técnicos y muy difícil de implementar”, señala Ayuso. Los que se oponen a la propuesta critican que el texto, compuesto por 388 artículos, está lleno de ambigüedades.

Ante este panorama se abren tres posibles vías. La primera pasaría por volver a la antigua Constitución, que está aún vigente, y reformarla. Aunque la experta del CIDOB lo ve poco probable ya que ha sido reformada varias veces y tiene un patrón demasiado estricto para poder trabajar sobre ella.

Otra de las posibles soluciones sería trabajar sobre el borrador que se ha presentado y cambiarlo. Sin embargo, el amplio desacuerdo hace difícil que prospere una modificación del mismo.

La última vía, y la que más papeletas reúne según Ayuso, sería elaborar una nueva Constitución eliminando plazos tan rígidos para que así permita una lectura más pausada de qué es lo que se necesita. Por el momento, Boric ya ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional y ha anunciado un cambio de gabinete.