Esterilizadas a la fuerza en Francia: “Según la discapacidad, no podemos asegurar el consentimiento"

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En un pequeño gabinete ginecológico de París, la matrona Béatrice Idiard-Chamois recibe a una nueva paciente. Es una chica joven, de no más de 25 años, con autismo y no verbal. Es su madre quien la acompaña junto con una matrona del centro para personas con discapacidad en el que pronto va a ingresar. Quieren para ella una ligadura de trompas pese a que nunca ha tenido relaciones sexuales.

La consulta se desarrolla sin problemas. Idiard-Chamois le hace una exploración externa. “Nunca hacemos palpación vaginal cuando la paciente es virgen”, explica. La chica, pese a no poder hablar por su discapacidad, no expresa ninguna disconformidad. Pero a la matrona le inquieta la presencia constante de la profesional de la institución, que se sorprende cuando la demanda de esterilización es rechazada.

Aunque no de manera oficial, “los centros siempre exigen que las internas tomen obligatoriamente algún tipo de contracepción”, asegura Idiard-Chamois. “Así se evitan problemas”. 

En más de un centenar de los casos que ha atendido, las mujeres estaban bajo algún tratamiento anticonceptivo. “La propia institución les da la píldora. La prescribe un psiquiatra, ni siquiera un médico especializado. Les dan la misma píldora a todas sin realizar un examen ginecológico”, denuncia.

Idiard-Chamois creó en 2015 la única consulta en Francia adaptada a mujeres con discapacidad en L’Institut Mutualiste Montsouris en París. Desde entonces, ha atendido a más de 700 pacientes y recibido media decena de demandas de esterilización y unas cincuenta peticiones de contracepción para mujeres con discapacidad bajo tutela, “la mayoría por parte de sus padres”, subraya. 

Ella siempre intenta disuadirlos y ofrecer alternativas “menos violentas y definitivas”.

En el caso de esta joven, su madre y tutora legal aceptó una de esas alternativas, pero no siempre es así. En Francia, como en el resto de Europa, apenas hay registros de esta práctica. 

“Lo que sospechamos es que probablemente hay esterilizaciones que se hacen sin estar realmente consentidas o a petición de las familias, apañándolo con el ginecólogo”, reconoce la consejera médica de la Agencia Regional de Salud de Île-de-France, la doctora Catherine Rey-Quinio.

Rey-Quinio asegura haber recibido en la última década una media de dos a cuatro demandas de esterilización anuales. Solo dos en los últimos cuatro años. Las dos en 2021 y con una opinión favorable del comité regional de expertos que ella coordina. Pero esta es solo una de las once regiones sanitarias francesas. El resto no ha compartido sus datos con esta publicación.

Las únicas cifras oficiales al respecto a nivel nacional datan de 1998. Según un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS por sus siglas en francés), cada año unas 500 mujeres con discapacidad eran sometidas a ligaduras de trompas de manera forzada.

La quimera de asegurar el consentimiento

La esterilización a mujeres con discapacidad era ilegal en Francia en aquel momento. Ahora, sin embargo, sí puede realizarse, aunque de forma controlada. Tras un cambio introducido en la ley en 2001, Francia se convirtió en uno de los 23 países de la Unión Europea que no criminalizan esta práctica a pesar de estar prohibida por el Convenio de Estambul.

El texto pone el foco en el consentimiento. Como explica el abogado de Seban Avocats Didier Seban, el juez debe garantizar que la paciente ha comprendido el proceso y está de acuerdo con él: “si una mujer dice no, es no”. 

Pero los abusos se producen en mujeres con discapacidades que les impiden expresarse verbalmente. En estos casos, Seban considera que el juez de tutela no debería conceder su aprobación, pero suele ocurrir lo contrario.

La decisión del juez se apoya, aunque no de forma vinculante, en la opinión de un comité de expertos formado por especialistas: ginecólogos, psiquiatras y representantes de asociaciones de discapacidad que evalúan el caso, incluida la contraindicación de cualquier otro método anticonceptivo, requisito legal indispensable para la esterilización.

La ginecóloga Ghada Hatem, médico jefe de la Maison des Femmes de Saint Denis, forma parte de ese comité. En su opinión, “hay que ser realista. Cuando la discapacidad mental es muy profunda, hay mujeres que no comprenden lo que decimos, no hablan, a veces se mueven muy poco, y sabemos muy bien que no pueden dar su opinión”. Por eso, reconoce, “nos dirigimos a los padres o tutores cuando nos parece razonable”.

“No podemos soñar”, comparte Rey-Quinio. La decisión médica en estos casos se basa en “ver cuál es el beneficio-riesgo de la intervención para la paciente”.

Es lo que le ocurrió en 2016 a una de las pacientes de Idiard-Chamois. El ginecólogo con el que trabaja la matrona firmó la recomendación para el juez de tutela para esterilizar a una chica sin capacidad de expresar su voluntad. 

Es la única demanda de esterilización que han aceptado desde que abrieron la consulta. La matrona asegura que ella no estaba de acuerdo y no puso su firma. “Era una joven para la que el implante anticonceptivo no había funcionado y su madre no paraba de acosar para que firmásemos la autorización”, recuerda, molesta porque no pudieran recabar la opinión de la paciente.

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“¿Cuál sería la idea de hacer algo que no sea irreversible? Si supiéramos que en cinco años se le habrá curado la discapacidad y podrá hacerse cargo de su hijo con autonomía, pero esto no es cierto, así que, por qué imponer algo que debe renovarse periódicamente”, defiende Hatem.

La portavoz de la asociación Droit Pluriel, Faustine Lalle, critica que la ley “no prevé disposiciones específicas para las mujeres que no pueden expresar su consentimiento”, dejando la decisión en manos del juez. Además, denuncia que “la sexualidad de las personas con discapacidad es un tema tabú”, lo que se traduce en que carecen de información sobre su sexualidad que les permita “entender el procedimiento y formarse una opinión libre e informada”.

Esto también lleva a que las mujeres con discapacidad sean más víctimas de abusos sexuales, especialmente las que están internas en instituciones. Por eso, en estos casos, la matrona Idiard-Chamois no ve ningún sentido en esterilizar a mujeres que, según su experiencia, no suelen haber tenido nunca relaciones sexuales.

Una denuncia pionera ante la Corte Europea de Derechos Humanos

Las jóvenes con discapacidad mental Joëlle Gauer, Brigitte Thill, Françoise Gout, Nadège Boudevillain y Carole Gouley estaban tuteladas por la administración cuando fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su conocimiento entre 1995 y 1998. Eran trabajadoras en un centro de ayuda al empleo (CAT) en Sens, en el departamento de Yonne.

Su caso es paradigmático y marcó el cambio de legislación en Francia, porque fueron las primeras en denunciar este abuso ante la Corte Europea de Derechos Humanos en 2008. El abogado que las defendió era Didier Seban. “Tenía que ser su tutor quien denunciara, y ese tutor era el centro que las esterilizó”.

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“Lo más grave es que, no solo estaba prohibido y ninguna mujer podía ser esterilizada en Francia, sino que además se debería haber dado una protección especial a quienes no tenían medios”, opina Seban.

Perdieron el caso al haberse superado el plazo de prescripción, pero el abogado saca en positivo que “se demostró la existencia en Francia de una práctica importante de esterilización de jóvenes con discapacidad” fuera de la ley y por la que ningún médico ni organismo había sido sancionado.

Quince años después de la decisión del alto tribunal, el abogado se pregunta qué habría pasado si hubiera fallado en su favor. “Esperábamos mucho de esta decisión para todas las mujeres jóvenes con discapacidad en Europa. Habría tenido un impacto legal en todos los países”.

Este reportaje fue producido con el apoyo de la organización Journalismfund Europe.