El Gobierno francés ha anunciado las nuevas medidas en un intento de calmar las crecientes tensiones en el sector agrícola.
PUBLICIDADEl jueves se dio a conocer un nuevo conjunto de medidas destinadas a abordar las preocupaciones de los agricultores que han estado protestando en Francia y toda Europa para denunciar los bajos salarios, las fuertes regulaciones del sector agrario, así como el Pacto Verde Europeo y la competencia desleal desde el exterior.
Después de que cientos de agricultores enojados condujeran sus tractores hacia la sede de la Unión Europea en un intento de presionar a los líderes europeos, el primer ministro francés, Gabriel Attal, aseguró que hay futuro para el sector agrario.
"Actualmente en toda Europa se plantea la pregunta: ¿hay futuro para nuestra agricultura? Por supuesto, la respuesta es sí", dijo Attal.
Una decisión urgente
"Nuestras conclusiones fueron que era necesario actuar urgentemente, ya que hay impactos muy fuertes en el medio ambiente, particularmente en el agua, la fertilidad del suelo y la salud humana. Las primeras víctimas son los propios agricultores", dijo el diputado socialista del Parlamento francés, Dominique Potier.
Los agricultores se quejaron de que Francia tenía controles de pesticidas más estrictos que otros Estados de la UE.
"Nos están quitando tantos productos pesticidas que no podemos trabajar. O tal vez quieren que invirtamos en robots, pero estos robots aún no están perfeccionados. Y no podemos invertir más", dijo la agricultora Audrey Chantepie.
La polémica
Sin embargo, las nuevas medidas destinadas a calmar las tensiones entre los agricultores franceses han tenido el efecto contrario entre los ecologistas. Activistas han protestado en varias partes del país en los últimos días, criticando abiertamente la decisión del Ejecutivo francés de permitir el uso de los pesticidas aprobados hasta nuevo aviso.
"El primer ministro anunció que no se prohibirá ningún pesticida en Francia antes de que su sustancia activa esté prohibida a nivel europeo, incluso si sabemos que este pesticida plantea problemas y que eventualmente será prohibido. ¡Es una decisión que nos hace retroceder 15 años!", afirmaron desde Generaciones Futuras en X (antes Twitter).
"De ninguna manera resolverá las dificultades socioeconómicas de los agricultores y solo pondrá en peligro la necesaria transición agroecológica", dijo la Fundación para la Naturaleza y el Hombre en una publicación en X.
Una decisión controvertida
El primer ministro francés también anunció que Francia prohibiría, a partir de ahora, las importaciones de frutas y verduras procedentes de fuera de la UE que hayan sido tratadas con tiacloprida, un insecticida actualmente prohibido en el bloque comunitario.
Francia propondrá la creación de una "fuerza de control europea" para luchar contra el fraude, afirmó Attal, en particular en lo que respecta a las normas sanitarias y a la lucha contra las importaciones de productos alimenticios que van en contra de las normas sanitarias europeas y francesas.
Attal también reafirmó en su discurso que Francia seguiría oponiéndose a que la UE firme un acuerdo de libre comercio con el grupo comercial Mercosur. Los objetivos del Gobierno francés con las medidas recientemente anunciadas son "devolver a los alimentos su valor" y "aumentar los ingresos de los agricultores, protegerlos contra la competencia desleal y simplificar su vida diaria", añadió.
150 millones en ayuda
Attal también anunció 150 millones de euros en ayuda a los ganaderos y una reducción de los impuestos a las granjas que se transfieren de generaciones mayores a las generaciones más jóvenes.
El Ejecutivo francés también ha duplicado el número de controles para sancionar a los grupos industriales de alimentos y a los supermercados que no cumplen con una ley de 2018 destinada a pagar un precio justo a los agricultores. La multa puede alcanzar hasta el 2% de los ingresos por ventas a las empresas que no cumplan las normas.
En las últimas semanas, cientos de miles de agricultores han protestado en toda Europa, bloqueando carreteras en Francia, Alemania, Francia, Rumanía, Países Bajos y Bélgica, entre otros. Las manifestaciones tienen el potencial no sólo de causar el declive del panorama económico nacional de estos países, sino también de repercutir en la economía a escala de la UE.