El PSOE presentará una querella en el Tribunal Supremo contra el empresario Víctor de Aldama por injurias y calumnias por implicar “sin aportar la más mínima prueba” al Partido Socialista en un supuesto cobro de comisiones ilegales.
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Tras la segunda declaración de Aldama por el denominado caso Koldo y después de haber vuelto a ratificar que había cobrado comisiones y pagado mordidas a altos cargos socialistas, la dirección del PSOE ha decidido querellarse contra el empresario por "nuevas imputaciones falsas" contra el partido "y cargos de la formación".
Aldama siguió implicando este lunes al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en el supuesto cobro de comisiones, en las que también ha salpicado al PSOE, y para apoyar sus acusaciones se ha limitado a afirmar que ambos le dijeron que "una parte" era para el partido.
Aldama ratifica sus acusaciones
El empresario ha ratificado en sus declaraciones haber pagado dinero en efectivo a Ábalos, a Koldo García o al dirigente socialista Santos Cerdán y ha ampliado las supuestas comisiones que habrían abonado empresas a cambio de adjudicaciones de obra y las ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros. Aldama ha insistido también en la entrega de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
La querella que presentará el PSOE se suma a la que iniciarán contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por dar credibilidad a las acusaciones del empresario contra varios dirigentes socialistas.
El exasesor de Ábalos comparece el martes ante el juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, que investiga el presunto cobro de comisiones por contratos públicos de mascarillas en pandemia.
Los registros en la trama del caso de hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla presuntamente vinculadas a la trama del fraude del IVA de hidrocarburos. Se trata del caso judicial por el que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha permanecido un mes en prisión preventiva. El Tribunal Supremo ha impuesto al empresario comparecer cada 15 días y la retirada del pasaporte.
En el marco de esta operación desplegada a primera hora de este lunes se han practicado también varios registros en empresas y domicilios de los cuatro detenidos en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
Los agentes de la UCO han inspeccionado las empresas que tiene en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, quien ya compareció como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo. En su declaración en noviembre, se limitó a desvincularse de los contratos fraudulentos de compra de mascarillas durante la pandemia, asunto que centra esta rama de los casos de corrupción que rodean al Gobierno.
La UCO también ha detenido a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado en nombre de Aldama 90.000 euros en comisiones al PSOE a cambio de favores políticos. Además de la hija de Pano, otros de los empresarios detenidos por el caso de los hidrocarburos es el empresario Carlos del Castillo.
Los registros se producían mientras De Aldama comparecía en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. El empresario ha acudido acompañado en coche por Daniel Esteve, líder de Desokupa, una organización vinculada a círculos de extrema derecha. De Aldama ha pasado cerca de tres horas declarando ante el juez Leopoldo Puente.
El instructor del caso hidrocarburos atribuye a De Aldama y a su socio Claudio Rivas, ya detenido, delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude estimado en 182,5 millones de euros. Tanto Rivas -propietario de la empresa Villafuel- como su hermana están acusados de ser piezas clave en esta trama.
Las múltiples ramas de los casos de corrupción que asolan al Ministerio de Transportes
La Audiencia Nacional sitúa a Víctor de Aldama en al menos cuatro partes de los casos de corrupción que rodean a Transportes y al Gobierno de Pedro Sánchez:
De Aldama se vincula, en primer lugar, a la trama de las mascarillas por gestionar la adjudicación de contratos públicos ilegales para la adquisición de cubrebocas durante la pandemia de COVID. El empresario se valía de su influencia sobre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, para conseguir favores e influencia en el ministerio.
El juez fue claro en su exposición de los hechos: "El negocio de las mascarillas, con el que se inició la actividad investigadora, permitió poner al descubierto la relación privilegiada que Víctor de Aldama mantenía en el seno del entonces Ministerio de Transportes, con Koldo García Izaguirre evidenciado que, como patrón general de comportamiento, De Aldama pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo una cantidad fija de 10.000 € mensuales, por la que éste se prevalía de la influencia de Ábalos, actuando en beneficio del propio Aldama y de sus empresas".
Seguidamente, el empresario está implicado en un contrato de compraventa por el que que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela ofrecía 104 lingotes de oro a la empresa BANCASA SA, por valor de 68.498.254 dólares.
Además, la Guardia Civil apunta a que el empresario y presidente del Zamora F.C se habría reunido con la mujer del presidente, Begoña Gómez, mientras se desarrollaba una operación de rescate a la aerolínea Air Europa, contralada por el 'holding' Globalia.
Por último, Ábalos se habría servido del entramado creado junto a Koldo García y De Aldama para pagar durante casi tres años el alquiler del piso de la Plaza de España en Madrid de Jessica R.G., su amante de entonces. También existen conversaciones entre Jessica y Koldo, en la que esta exige reparaciones y que se le abone la mensualidad "que le corresponde".