La Asamblea Nacional de Hungría aplaza hasta otoño la votación de la polémica ley de transparencia, que ha causado revuelo internacional. Máté Kocsis, líder de Fidesz, explicó que el retraso busca analizar las propuestas de organizaciones profesionales.
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La legislación húngara, calificada por partidos de la oposición y organizaciones no gubernamentales como una ley ''imposible'', no se debatirá en el Parlamento hasta el otoño, según ha confirmado Máté Kocsis al medio Index. El político señaló que los partidos gobernantes mantienen su intención de utilizar herramientas legales para proteger la llamada "soberanía", aunque reconoció que aún existe desacuerdo sobre cuáles deberían ser esos instrumentos.
De acuerdo con Kocsis, el proyecto de ley ha recibido numerosas propuestas de modificación en las últimas semanas, incluso desde su propio grupo parlamentario. También han aportado sugerencias instituciones como la Asociación Bancaria Húngara, la Asociación de Publicidad, la Oficina del Presidente de la República, el Colegio de Abogados y la Asociación de Editores de Periódicos de Hungría. Añadió que, en este momento, el Gobierno considera más prioritario actuar contra la "propaganda ucraniana" y la supuesta "desinformación".
Ley húngara, bajo presión europea
A finales de mayo, la Comisión Europea pidió al Gobierno húngaro que retirara su propuesta de ley de transparencia, expresando serias preocupaciones al respecto. ''La Comisión tiene serias dudas sobre este proyecto. Si se aprueba en su forma actual, constituiría una grave violación de los principios y la legislación de la Unión Europea. Por ello, pedimos que se retire del proceso legislativo'', declaró entonces un portavoz del organismo a 'Euronews'.
El portavoz añadió además: ''No dudaremos en tomar las medidas necesarias si se aprueba este proyecto''. No obstante, aún no está claro si esta presión europea ha influido directamente en el aplazamiento de su debate.
La polémica propuesta legislativa incluiría una lista de medios de comunicación y ONGs independientes que reciban financiación extranjera con el objetivo de ''influir en la política pública''. Los flujos financieros de estas entidades serían supervisados por la agencia tributaria, que contaría con amplias facultades para controlar y recuperar datos. En caso de incumplimiento, las organizaciones podrían enfrentar cuantiosas sanciones económicas.
Partidos opositores y organizaciones civiles han denunciado que la ley es gravemente inconstitucional y contraria al marco legal de la Unión Europea.