Se ha abierto un debate por la posible inclusión de determinados programas de Turquía, que amenaza directamente a Grecia, al no haberse levantado el 'casus belli', y preocupa a Chipre.
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El Reglamento europeo SAFE, que prevé préstamos de hasta 150.000 millones de euros para impulsar la producción de defensa en toda la UE, se adoptó con el consenso de todos los Estados miembros excepto Hungría. Sin embargo, en Atenas y Chipre se han expresado y se siguen expresando objeciones y preocupaciones.
La preocupación radica en que SAFE permite la participación de terceros países. Esto abrió inmediatamente el debate en Grecia y Chipre sobre la posible inclusión en determinados programas de Turquía, que amenaza directamente a Grecia al no haberse levantado el 'casus belli' y ocupar parte de Chipre.
"El primer problema es que países como Turquía, que tienen industrias que han comprado industrias europeas o tienen una participación en su capital, como es el caso de Piaggio en Italia, pueden entrar sin problemas porque ahora tienen un 'sello europeo'. Aparecen como empresas europeas, no como empresas turcas", afirma el catedrático de Derecho Internacional, Angelos Syrigos.
El ministro griego de Defensa, Nikos Dendias, también ha criticado duramente el reglamento, sugiriendo que debería llamarse "Reglamento sacacorchos" si algunos socios intentan aplicarlo mediante trucos para que no sea necesaria la unanimidad de los miembros de la UE para el acuerdo con terceros países.
En Nicosia existe una preocupación similar. "No se puede ignorar que intentan meter a Turquía en el juego, como llevan mucho tiempo anunciando desde el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Se trata de un intento de integrar a Turquía en el Mecanismo Europeo de Defensa, un país que ocupa territorio europeo y amenaza con la guerra a los Estados de la Unión Europea. Es como meter al lobo en el establo para guardar a las ovejas", afirma el eurodiputado chipriota Loukas Fourlas.
SAFE forma parte del programa europeo de rearme, con un coste total de 800.000 millones de euros en los próximos cinco años. El mecanismo estipula que en cualquier programa de defensa las empresas de la UE, con excepción de Ucrania y Noruega, tendrán una participación mínima del 65%, mientras que Turquía y otros terceros países no podrán superar el 35% y no tendrán acceso directo a los fondos comunitarios.
Junto a las reservas de Atenas y Nicosia sobre la iniciativa europea, existe también la expectativa de aprovechar la oportunidad histórica creada en relación con la industria de defensa de ambos países.