El consejero de Hacienda de Adrián Barbón se suma a las críticas del presidente asturiano y tilda de "privilegio" el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y el Gobierno central, que fue condición clave para el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa.
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Nuevo frente interno en el PSOE a causa del pacto fiscal alcanzado entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Gobierno de Asturias, (una de las cuatro comunidades que mantienen los socialistas tras su debacle en las últimas elecciones autonómicas junto a Navarra, Castilla-La Mancha y la propia Cataluña, además de ser la pata minoritaria del Gobierno vasco), criticó este lunes la remodelación bilateral del sistema de financiación autonómica días después de que lo hiciese su jefe, el presidente asturiano Adrián Barbón, ante la posibilidad de su firma.
El pacto alcanzado ofrece poco margen para los detalles: apenas seis páginas con más intencionalidad política que cifras concretas y que abre la puerta a una renovación completa del sistema fiscal pactado en 2009. Tal y como reza su punto dos, "este acuerdo es compatible con la consideración en un nuevo sistema, a partir de unas reglas comunes que den coherencia al mismo". Su firma, sin embargo, no se ha concretado con el resto de comunidades y hace temer la asunción de privilegios fiscales para Cataluña por encima del resto de autonomías, con la excepción de País Vasco y Navarra, que ya cuentan con un régimen propio.
"Lo que a todos afecta se debe negociar entre todos. Y el modelo o el régimen de financiación común, como digo, no puede ser un contrato de adhesión para el resto de comunidades autónomas", declaró Peláez. Este político ha asegurado que votarán en contra de la medida en un futuro e hipotético Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar el modelo si el Ejecutivo de Barbón considera que la medida "supone privilegios para algunas comunidades y perjudica a Asturias".
"Es una barbaridad que rompe la igualdad de oportunidades"
Barbón ya criticó el pasado 12 de julio la posibilidad del pacto que ha acabado fraguándose. "A falta de conocer cuál es el acuerdo, vuelvo a fijar la posición de Asturias porque es la misma ayer, hoy y mañana. Si lo que se pretende es un sistema donde haya comunidades privilegiadas, me da igual si es Cataluña, Andalucía o Madrid, vamos a estar en contra". Este posicionamiento resulta relevante para el PSOE, así como para el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ya que el grueso de la oposición a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez suele recaer en Emiliano García-Page.
El presidente castellano-manchego no ha disimulado su sintonía con políticos 'populares' como Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), especialmente en temas vinculados a la Hacienda común, y es un crítico vocal del Ejecutivo de Sánchez desde antes de su reelección como presidente.
Barbón, sin embargo, se ha mantenido generalmente en un segundo plano político junto a su homóloga de la Comunidad Foral de Navarra, liderada por María Chivite, cuya región se encuentra en el ojo mediático por ser el presunto punto de inicio de los casos de corrupción liderados por el ex número tres del partido, Santos Cerdán, y su mano derecha, Koldo García Izaguirre.
"Lo que hoy se está discutiendo, si en vez de plantearlo los independentistas catalanes lo hubiera planteado la Comunidad de Madrid, los mismos que lo firman estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades", ha expresado García-Page en un vídeo publicado en la red social X.
¿Qué dice el documento firmado entre el Gobierno central y la Generalitat?
Este pacto fue consensuado hace casi un año entre el PSC y Esquerra Republicana a cambio del voto favorable de estos últimos para investir a Salvador Illa como 'president', algo impensable durante los años duros del 'procés' independentista. ERC, sin embargo, ha criticado el martes la escasa concreción del documento, mientras que la derecha independentista catalana de Junts asegura que es "decepcionante" y que no supone "un nuevo modelo de financiación".
El pacto se estructura sobre cuatro puntos básicos: primero, el establecimiento de una financiación "nueva" para Cataluña manteniendo "elementos de nivelación y solidaridad entre las comunidades autónomas", además de "la ampliación de la capacidad normativa" mediante la que se introduzcan "mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja".
Este punto es importante con respecto a la Comunidad de Madrid, ya que esta última ha sido acusada por la Generalitat, otras autonomías y el propio Gobierno central de practicar una política de 'dumping' fiscal: una bajada de impuestos intencionada para atraer empresas y recursos desde otras regiones españolas.
Precisamente la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado el martes en una rueda de prensa convocada de urgencia y dedicada a este asunto que el pacto "le regala casi 25.000 millones de euros a los independentistas" y que defenderá la autonomía fiscal de la región: "Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional... donde tengamos que ir para decir que desde Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España". Una gran mayoría de presidentes autonómicos 'populares' se han sumado esta mañana a sus críticas.
El punto dos del acuerdo ya ha sido mencionado: menciona la posibilidad de aplicar las mismas reglas pactadas con Cataluña para el resto de las comunidades autónomas, algo a lo que previsiblemente se negarán las regiones controladas por el Partido Popular. Seguidamente, el documento avala la reforma del sistema para que la Agencia Tributaria catalana asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF, de recaudación anual y hasta ahora centralizado con la excepción de Euskadi y Navarra. También se plantea que los ciudadanos puedan presentar su declaración de la renta mediante el sistema de identificación digital idCAT de la Generalitat en la campaña del año 2025.
Finalmente, el Estado asume parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado: "La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales adoptará el acuerdo correspondiente para la materialización de la asunción parcial por el Estado de la deuda (...) una vez que entre en vigor la ley que apruebe la medida". Este pacto debe pasar por el Congreso para su entrada en vigor, y necesitará del apoyo de la totalidad de la mayoría de investidura para su aprobación.