El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente que busca controlar los fondos extranjeros que reciben las ONG, fundaciones y sociedades sin fines de lucro. Recientemente, el Gobierno de Bukele en El Salvador aprobó medidas similares.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió el martes a la Asamblea un proyecto de ley urgente con el que pretende establecer un control más estricto sobre los fondos provenientes del extranjero que reciben las fundaciones, sociedades y organizaciones no gubernamentales, similar a lo que hizo El Salvador recientemente, aludiendo a un mejor control del lavado de dinero.
La iniciativa, denominada Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, pretende fortalecer los mecanismos de supervisión financiera sobre entidades sin fines de lucro, a las que se acusa de carecer de controles adecuados y de ser potencialmente utilizadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero o la desestabilización política.
"Se han utilizado ONG y fundaciones internacionales como vehículos para ingresar recursos con fines que atentan contra la estabilidad del país", argumentó Noboa, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre esos presuntos intentos de desestabilización. En ocasiones anteriores, el mandatario ha sugerido que ciertos grupos políticos opositores han recibido financiación externa para promover disturbios, especialmente durante el proceso electoral en el que fue electo.
De ser aprobada, la ley obligará a estas organizaciones a presentar informes financieros auditados, detallar las fuentes de sus recursos, identificar a sus beneficiarios y documentar los proyectos ejecutados. Además, las autoridades financieras podrán revisar los fondos recibidos, y quienes incumplan estos requisitos enfrentarán sanciones.
La influencia de Bukele en la política ecuatoriana
La propuesta llega en un contexto regional marcado por decisiones similares, como la aprobada recientemente en El Salvador bajo el Gobierno de Nayib Bukele, modelo al que Noboa ha mostrado simpatía, que también impuso restricciones a la recepción de fondos por parte de organizaciones sociales.
Aunque el texto del proyecto reconoce el rol fundamental que desempeñan estas entidades en el desarrollo del país, advierte que su financiación nacional e internacional las hace vulnerables a ser utilizadas con fines ilícitos. También aclara que las medidas de control no deberán ser utilizadas para persecuciones políticas ni para limitar la libertad de asociación.
César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, expresó inquietud ante el alcance de la propuesta en una entrevista con AP. "Puede usarse como un instrumento para silenciar voces críticas", advirtió, al señalar que la normativa podría aplicarse de forma indiscriminada a cualquier tipo de organización.
71.000 organizaciones sin fines de lucro
El Gobierno del país calcula que existen cerca de 71.000 organizaciones sin fines de lucro en el país, aunque alrededor de 10.000 estarían inactivas. En caso de aprobarse, estas entidades tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa.
La Asamblea tiene 30 días para debatir y decidir sobre el proyecto; de no hacerlo, la ley entrará en vigor automáticamente. Esta sería la cuarta ley económica urgente que el oficialismo busca aprobar en un corto período, gracias a la mayoría legislativa con la que cuenta actualmente.