La jueza Sandra Liliana Heredia declaró este viernes culpable a Álvaro Uribe de fraude procesal y soborno a testigos. Además de la condena, el expresidente fue multado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá el fallo.
PUBLICIDAD
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno a testigos, según dictó la jueza Sandra Liliana Heredia en un fallo de primera instancia que marca un hecho sin precedentes en la historia judicial del país.
Además de la pena, la condena incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 710.000 euros) y una inhabilitación superior a ocho años para ejercer funciones públicas. Según el fallo, Uribe y su abogado Diego Cadena intentaron manipular testimonios de exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, en un caso iniciado originalmente por una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, quien terminó siendo considerado víctima.
La defensa del expresidente anunció de inmediato que apelará el fallo, el cual será remitido al Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente a la Corte Suprema si se confirma. El proceso judicial, que se prolongó durante más de una década, ha sacudido el panorama político en Colombia, especialmente en vísperas de las elecciones de 2026.
Una figura polarizadora
Uribe ha sido una de las figuras más influyentes del país desde principios de los años 2000. Su papel como presidente durante dos mandatos consecutivos y su posterior liderazgo desde el partido Centro Democrático han definido buena parte del debate político nacional. La sentencia actual reaviva el debate sobre su papel en la historia reciente del país. Varios sectores ven en este proceso judicial un examen institucional sin precedentes, no sólo sobre Uribe, sino también sobre los límites del poder y la actuación de la Justicia frente a líderes históricos.
Reacciones dentro y fuera de Colombia
La sentencia contra Uribe ha tenido repercusión internacional, en particular entre figuras políticas de Estados Unidos. Varios legisladores del Partido Republicano, como Marco Rubio y Rick Scott, expresaron su rechazo al fallo, señalando preocupaciones sobre su motivación y advirtiendo que podría afectar la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá.
En medio de las reacciones internacionales, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje institucional reiterando el respeto del Ejecutivo a la separación de poderes. "Este Gobierno no presiona a la Justicia, que es independiente", publicó en X.