David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez acusados, entre ellos el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, serán juzgados por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero por la Diputación de Badajoz en 2017.
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La causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, seguirá adelante. La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado este martes la decisión de la juez instructora del caso, Beatriz Biedma, y ha desestimado los recursos de los procesados.
Entre los 11 acusados se encuentra también Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura. Ambos deberán responder por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias vinculados a la contratación de Sánchez en la Diputación pacense en 2017.
El tribunal ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado el archivo al considerar que la investigación se apoyaba únicamente en "conjeturas". Por el contrario, las acusaciones populares, encabezadas por Manos Limpias y a las que se sumaron PP, Vox y entidades del ámbito ultraconservador, mantuvieron su ofensiva y presentaron en mayo un escrito pidiendo tres años de cárcel tanto para Sánchez como para Gallardo.
La UCO descarta el enriquecimiento ilícito
La investigación arrancó a finales de mayo de 2024 tras la denuncia presentada por Manos Limpias. En ella se sostenía que el hermano del presidente, contratado como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, no cumplía con sus funciones, sino que residía en Portugal para supuestamente eludir impuestos y poseía un patrimonio desproporcionado a su salario, que supuestamente rondaría los dos millones de euros.
Sin embargo, varias de estas acusaciones quedaron debilitadas durante la instrucción. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó un posible enriquecimiento ilícito tras analizar sus cuentas, y la entidad financiera donde Sánchez posee acciones avaló esa conclusión. La propia magistrada también cerró la puerta a la existencia de delito fiscal, lo que no impidió que finalmente el caso se dirija a juicio.