Nora Junco y Diego Solier, ahora en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos que lidera Giorgia Meloni, denuncian al comentarista de extrema derecha alternativa y líder de la plataforma política SALF por hostigamiento y revelación de secretos.
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El Tribunal Supremo español ha abierto una nueva causa penal contra el eurodiputado Alvise Pérez, líder de la plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF), por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a sus dos eurodiputados electos en las elecciones europeas de 2024.
El procedimiento, que estará a cargo del magistrado Manuel Marchena, supone otro problema judicial para el activista ultraconservador, que ya acumula varias investigaciones abiertas en el Alto Tribunal.
Los denunciantes, Nora Junco y Diego Solier, abandonaron SALF tras denunciar públicamente que Pérez los acusó de haber sido "comprados por un 'lobby'" y que posteriormente emprendió una campaña de hostigamiento contra ellos a través de redes sociales, podcasts y canales de Telegram.
En la querella presentada en junio, avalada por la Fiscalía, ambos aseguraron que Pérez no solo difundió mensajes que atentaban contra su honor, sino que también llegó a revelar sus movimientos y ubicaciones, lo que -según los denunciantes- les hizo temer por su seguridad. El Supremo considera que existen indicios suficientes para admitir el caso a trámite.
Más causas abiertas y una presión creciente
Esta investigación se suma a otras causas que el Supremo mantiene abiertas contra Pérez, entre ellas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal. Con esta nueva línea penal, la presión judicial sobre su figura política aumenta y pone en entredicho la estabilidad interna de su formación.
El caso se encuentra ahora en fase de instrucción, en la que el juez Marchena deberá citar testigos, recabar pruebas y determinar si procede elevar el caso a juicio. Más allá del frente judicial, la causa tiene implicaciones políticas para Pérez, cuya relación con los eurodiputados disidentes ya se encontraba deteriorada. El activista se encuentra en estos momentos en el grupo de No Inscritos del Parlamento Europeo.
Fuentes jurídicas consultadas advierten de que el caso podría tener también efecto en la opinión pública, en un momento en el que Pérez intenta consolidarse como referente de la derecha alternativa española en competencia directa con Vox o Alianza Catalana. La causa reabre además el debate sobre los límites del activismo político en redes sociales, un terreno que Pérez ha convertido en su principal campo de batalla.