El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha admitido este viernes en el Tribunal Supremo que recibió un pago de 100.000 euros por parte del empresario Álvaro Romillo por impartir una "charla sobre libertad financiera" que apenas duró 30 minutos.
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La declaración se produjo ante el magistrado Julián Sánchez Melgar, quien citó a ambos implicados para esclarecer si estos fondos se destinaron a financiar ilegalmente la campaña electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF) en las elecciones europeas.
El líder de SALF ha detallado que el dinero fue entregado por dos trabajadores de CryptoSpain, la empresa del empresario Álvaro Romillo, en las instalaciones Centinel del centro de Madrid. Según su testimonio, los 100.000 euros llegaron en efectivo dentro de un maletín negro, organizados en diez fajos de 10.000€ cada uno con billetes de 50 y 100 euros. El eurodiputado ha asegurado que aproximadamente la mitad del dinero se gastó en asuntos personales, mientras que los otros 50.000 euros permanecen bajo su custodia.
Durante su comparecencia, Alvise negó rotundamente que estos fondos se utilizaran para financiar la campaña electoral de su partido, que según sus declaraciones costó poco más de 30.000€. Por este motivo, el dinero recibido no figura en las cuentas oficiales de SALF. El eurodiputado respondió únicamente a las preguntas de su abogado y del juez, rehusando contestar a la Fiscalía y a las demás partes personadas en la causa.
A su salida del Supremo, Alvise mostró una actitud desafiante tanto con los medios de comunicación presentes como con el propio procedimiento judicial. Calificó a los periodistas como "parásitos criminales de la mafia de la información" y abandonó el tribunal gritando que es un "hombre libre" que no necesita "medios vasallos".
El eurodiputado defendió que todo el dinero está "absolutamente declarado desde hace meses" y que ha pagado los impuestos correspondientes por los 100.000 euros una vez declarados.
Múltiples causas penales y posibles delitos de financiación ilegal
El Tribunal Supremo (TS) considera que la actuación de Alvise podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos, específicamente una violación del artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece sanciones por eludir los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos. La Sala de lo Penal ha señalado que los hechos también podrían configurar delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Esta es la tercera vez que Alvise comparece ante el Supremo en poco más de un mes. La anterior fue el pasado 20 de junio por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert, ocasión en la que ya anunció que regresaría al tribunal "para la financiación ilegal" y defendió que era "público y notorio" que había recibido esos 100.000 euros, llegando a manifestar que "poco me parece que me pagaran 100.000€ por media hora de charla".
El eurodiputado acumula múltiples causas abiertas en el TS. Una de ellas le investiga por delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de COVID del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Otra causa examina los mensajes que publicó contra la fiscal Susana Gisbert, que él defiende como "crítica política" y "libertad de expresión".
Además, permanece pendiente una cuarta causa por la difusión a través de Telegram de conversaciones privadas entre el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y un periodista, relacionadas con el caso Kitchen, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. Así como también habiendo expuesto datos personales de políticos españoles, o comentando toda la trama de saunas del suegro de Pedro Sánchez.
La acumulación de estas causas penales y la pérdida del derecho a la subvención electoral por no presentar la contabilidad de las europeas perfilan un panorama judicial complejo para el líder de Se Acabó La Fiesta, quien mantiene su escaño en el Parlamento Europeo mientras se desarrollan estos procedimientos.