La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Barcelona y su área metropolitana por dirigir una organización criminal dedicada a facilitar la inmigración irregular mediante parejas de hecho ficticias y empadronamientos falsos, cobrando hasta 15.000 euros por expediente.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en Barcelona, Castelldefels y Badalona, facilitando la inmigración irregular a través de parejas de hecho ficticias y empadronamientos fraudulentos. La operación, denominada 'Retorncat', ha resultado en siete personas detenidas y otras diez investigadas por su implicación en esta trama que permitía a extranjeros obtener permisos de residencia tanto en España como en otros países del espacio Schengen.
Los detenidos se enfrentan a cargos por pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. La investigación comenzó a finales de 2024, cuando se detectó un aumento sospechoso en el número de parejas de hecho registradas en la provincia de Barcelona.
El modus operandi de la red consistía en captar migrantes en situación de vulnerabilidad a los que ofrecían empadronamientos tanto en España como en países europeos como Alemania, Francia o Bélgica. A cambio de sus servicios, la organización cobraba hasta 15.000 euros por cada expediente tramitado.
Manipulación de documentos y explotación de víctimas
Los integrantes de la organización falsificaban documentos y usurpaban la identidad de mujeres residentes en España, manipulándolas para realizar empadronamientos falsos. Una vez obtenida la documentación fraudulenta, la red alojaba a los migrantes en condiciones insalubres, exponiéndolos a una situación de extrema precariedad.
Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, forma parte de una lucha más amplia contra las tramas de inmigración irregular en Cataluña. Durante el pasado agosto, otra operación similar en Girona permitió detener al administrador de una gestoría responsable de 46 delitos relacionados con empadronamientos falsos, que habría facilitado al menos treinta reagrupamientos familiares desde 2020.
En el caso de Girona, la trama utilizaba viviendas vacías, fincas heredadas e incluso el domicilio de una anciana internada en una residencia para simular contratos de alquiler inexistentes. La investigación se inició hace más de un año, cuando el Ayuntamiento de Palafrugell detectó irregularidades tras la denuncia de una mujer que descubrió un contrato de alquiler falso de una propiedad de su marido fallecido.