El comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, ha presentado el nuevo plan de Bruselas para responder a la crisis en una de las capitales europeas más afectadas, aunque de momento las medidas se centran apenas en definir qué es una zona tensionada.
En un contexto de crisis habitacional que afecta a gran parte de Europa, incluida España, el comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, ha iniciado una gira por varios países para presentar el plan de Bruselas destinado a responder a la crisis, empezando por Portugal, uno de los países más afectados.
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Tras ser recibido el viernes por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, el comisario europeo afirmó que tener una casa "es un derecho humano" que no se debe negar a la gente corriente.
"Es un plan que pretende, sobre todo, crear más viviendas asequibles. Necesitamos ciudades donde la gente normal con trabajos normales -enfermeras, profesores, policías- puedan permitirse vivir donde trabajan", explica Jørgensen. "Para mí, para nosotros, tener una casa es un derecho humano. Tener una casa es algo más que un techo, es la base de tu vida, es lo que te da un futuro".
Anunciado en diciembre de 2025, el plan europeo se basa en pilares como aumentar la oferta, atraer inversiones en una plataforma conjunta con las autoridades públicas y el sector privado, y abordar el impacto de los alquileres a corto plazo. En este último caso, se trata de directrices y la última palabra la tendrán siempre las autoridades locales, confirmó el comisario europeo.
"Vamos a presentar una propuesta sobre alquileres de corta duración que se basará en la definición de zonas tensionadas. Estas tendrán entonces la oportunidad de utilizar distintos instrumentos políticos para resolver el problema. No vamos a obligar a ninguna ciudad a hacer nada, siempre serán las autoridades locales las que decidan si esto es posible o no", explica.
Portugal atraviesa una profunda crisis inmobiliaria, en la que los precios de la vivienda y los alquileres han subido mucho. Bruselas calcula que los precios de la vivienda en el país están sobrevalorados en un 25%, el porcentaje más alto de la Unión Europea.