Los grupos industriales Arkema y Daikin están acusados de verter al medio ambiente grandes cantidades de PFAS, también llamados químicos eternos, sin tener en cuenta los riesgos que entrañan para la salud.
Se trata de un juicio que podría convertirse en un hito en la lucha contra los químicos eternos. Cuatro asociaciones ecologistas (Notre affaire à tous, Eau bien commun Lyon-Métropole, Sauvegarde des coteaux du Lyonnais y Sauvegarde de la vallée de Francheville) se han unido a 192 vecinos de la plataforma química de Oullins-Pierre-Bénite, al sur de Lyon (Ródano), para pedir cuentas a Arkema y Daikin Chemical France.
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Estos dos gigantes industriales están bajo sospecha de haber vertido al medio ambiente durante años grandes cantidades de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), tambiéb llamadas químicos eternos o contaminantes eternos", a pesar de los riesgos conocidos para la salud.
"Nos dirigimos a los fabricantes que se han beneficiado de sus actividades durante años sin responsabilizarse de las consecuencias, a pesar de que existían advertencias sobre las PFAS, sobre todo en Estados Unidos, y se estaban debatiendo programas para reducir el uso de estas sustancias", explica Emma Feyeux, especialista en salud medioambiental de Notre affaire à tous.
"Acusamos a los dos grupos de haber vertido 3,5 toneladas de PFAS al año en el Ródano, provocando una contaminación generalizada de la zona, a pesar de que conocían los riesgos asociados a estas moléculas desde los años 90".
Contaminación "excepcionalmente grave"
Desde hace décadas, el "Valle de la Química", al sur de Lyon, alberga instalaciones industriales punteras que utilizan PFAS por sus propiedades químicas únicas. Estas sustancias deben su apodo de "contaminantes eternos" a su enlace carbono-flúor, uno de los más fuertes de la química orgánica, que les confiere una semivida extremadamente larga en el medio ambiente y en los organismos.
Incluso en dosis bajas, la exposición crónica a los PFAS se ha asociado a numerosas patologías, como un mayor riesgo de cáncer, una menor eficacia de las vacunas, alteraciones endocrinas y retrasos en el desarrollo de fetos y niños pequeños.
En 2022, investigaciones periodísticas e informes de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) revelaron concentraciones extremadamente elevadas de estas sustancias en el agua potable, el aire y el suelo de la Vallée de la Chimie, que cuenta con una población de unos 200.000 habitantes.
La contaminación es "excepcionalmente grave", según Kaizen Avocats Environnement, el bufete de abogados que representa a los 192 vecinos de la zona y a cuatro asociaciones en una demanda civil presentada el lunes ante el Tribunal de Lyon.
Los daños se estiman en 190.000 euros por demandante
Para Kaizen, esta demanda es la culminación de un largo proceso judicial que comenzó cuando se fundó el bufete en 2021. "Empezamos analizando las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente (ICPE), los informes administrativos de la Dreal, los avisos formales y los decretos prefectorales", cuenta Louise Tschanz, fundadora de Kaizen Avocat.
"Lo que descubrimos fue asombroso: decenas de incumplimientos, pero prácticamente ninguna sanción", prosigue. Kaizen inició dos procedimientos sumarios contra Arkema en mayo de 2022 y mayo de 2023, ambos rechazados.
"Nos dijeron que los magistrados no estaban en condiciones de entender el caso y que teníamos que confiar en la administración", lamenta Louise Tschanz. "Pero el Dreal minimizaba constantemente la situación.
Con esta nueva acción civil, Kaizen espera obtener por fin una indemnización para sus clientes y exigir que se aplique el principio de quien contamina paga. Los abogados han estimado el perjuicio en 36,5 millones de euros, o 190.000 euros por demandante.
El bufete enumera cinco tipos de daños: sanitarios, morales (choque psicológico al descubrir la contaminación), de ansiedad (estrés vinculado a la exposición a los PFAS), de disfrute (imposibilidad de consumir productos del entorno local) y materiales (medidas preventivas aplicadas).
"Cada caso ha sido objeto de un trabajo jurídico individual. Es un trabajo ingente, y eso es también lo que hace que esta acción sea única", afirma Emma Feyeux. "Hemos construido este caso en colaboración con las personas a las que representamos. Cada perjuicio se individualiza para cada demandante".
Un punto de inflexión en la lucha contra los PFAS
Este juicio, sin precedentes por su envergadura, podría sentar un precedente jurídico rotundo en la lucha contra los contaminantes eternos, en la que Francia se está posicionando como líder mundial.
En virtud de la Ley 2025-188 -que se promulgó el 27 de febrero de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026-, ahora está prohibido en Francia fabricar, importar o vender cosméticos, cera para esquís y determinados productos textiles (ropa de moda y calzado) que contengan PFAS.
La prohibición se ampliará a todos los textiles (muebles, alfombras, etc.) de aquí a 2030, con excepción de la ropa de protección técnica (para bomberos, militares, etc.). Por otro lado, los utensilios de cocina (como las sartenes antiadherentes) han quedado excluidos de la prohibición en aras de salvaguardar los empleos industriales.
La nueva ley también introduce una tasa sobre los vertidos de PFAS, según el principio de quien contamina paga. Los fabricantes están ahora sujetos a un impuesto proporcional a la cantidad de sustancias vertidas en el agua, para ayudar a las autoridades locales a financiar las plantas de purificación de agua potable.
A escala de la Unión Europea, desde octubre de 2024 se aplica una restricción específica a las sustancias que contienen PFHxA (una subfamilia de PFAS). La prohibición de estas sustancias en envases de alimentos y ropa de consumo será plenamente vinculante este año.
Además, a partir del 1 de enero de 2026, la Directiva europea sobre agua potable impone normas estrictas sobre el control del agua potable. A partir de ahora, la concentración de 20 PFAS específicos no debe superar 0,1 microgramos por litro, y las Agencias Regionales de Salud (ARS) deben publicar cada año mapas precisos de contaminación para garantizar la transparencia a los usuarios.