Un juzgado de Barcelona ha imputado por primera vez a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, así como a la exdirectora del CNI Paz Esteban, por su presunta implicación en el caso Pegasus, que investiga el espionaje con los programas Pegasus y Candiru.
Un juzgado de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por su presunta implicación en el espionaje informático al independentismo mediante los programas de software espía Pegasus y Candiru, en el marco del denominado caso Pegasus.
La medida supone un avance significativo en la investigación judicial de este escándalo, que ya afecta también a responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a empresas tecnológicas vinculadas a los programas de vigilancia.
La magistrada Miriam de Rosa Palacio, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, ha acordado citar como investigados a Félix Vicente Azón y María Gámez, quienes dirigieron la Guardia Civil entre 2018 y 2020 y entre 2020 y 2023, respectivamente. Con esta decisión, la Justicia extiende por primera vez la investigación al máximo mando del Instituto Armado por posibles delitos relacionados con la revelación de secretos informáticos y el acceso ilegal a sistemas informáticos.
La denuncia que ha dado origen a esta imputación fue presentada por cinco empresarios especializados en tecnología que, según el auto, habrían sido objeto de espionaje sin autorización legal mediante la instalación de software de vigilancia en sus dispositivos. Entre los querellantes figura el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala, representado por la asociación internacional Sentinel Alliance.
La imputación alcanza también a la exdirectora del CNI
Además de los exdirectores de la Guardia Civil, la juez ha imputado también a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien acumula varias imputaciones en distintas causas relacionadas con el uso de Pegasus y otros sistemas de espionaje digital.
La investigación incluye, por primera vez en España, a directivos de las compañías israelíes NSO Group, desarrolladora de Pegasus, y Saito Tech Ltd, vinculada al software Candiru, también presuntamente utilizado en las operaciones objeto de la querella.
El caso Pegasus saltó a la esfera pública tras revelaciones sobre el uso de estos programas de vigilancia para espiar a dirigentes independentistas y otros objetivos sin las debidas autorizaciones judiciales, lo que generó un fuerte debate político y legal en España y llevó a la destitución de Esteban como directora del CNI en 2022.
En ese contexto, la aceptación de la querella y la imputación de altos mandos de la Guardia Civil representan una novedad en la evolución del procedimiento judicial y abren nuevas líneas de investigación sobre posibles responsabilidades por el uso indebido de tecnología de espionaje.