El Tribunal de Atenas declara culpables a los 4 directivos vinculados al software Predator por pinchar teléfonos de periodistas y políticos. La justicia confirma que este sistema ilegal, que operó en Grecia, supone una amenaza a la Constitución por violar datos de forma brutal.
Los cuatro acusados en el caso de las escuchas telefónicas, todos ellos representantes y directivos de dos empresas relacionadas con la comercialización del software ilegal de vigilancia Predator, han sido declarados culpables por el Tribunal Plenario Unipersonal de Atenas.
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Los cuatro acusados fueron declarados culpables de pinchar los teléfonos del periodista Thanasis Koukakis, de la estadounidense Artemis Seaford y de otras tres personas, para quienes las escuchas se consideraron actos finales. También fueron declarados culpables de 82 intentos de intervención telefónica.
El Tribunal absolvió a los acusados de acceso ilegal a información o datos sobre 108 denunciantes que no presentaron denuncia y, por tanto, los condenó por 7 actos contra quienes sí habían presentado denuncia.
En concreto, los cuatro acusados fueron condenados por los delitos de interferencia en un sistema de archivo de datos personales, de forma conjunta, consecutiva, cometidos y en grado de tentativa, de violación del secreto de la comunicación telefónica y de la conversación oral, de forma conjunta, consecutiva, cometidos y en grado de tentativa, y de acceso ilícito a un sistema de información o datos, de forma conjunta, consecutiva, cometidos y en grado de tentativa.
Cabe recordar que los acusados en el caso del software espía ilegal ha provocado una fuerte polémica política por la violación de datos personales y del secreto de las comunicaciones son los empresarios Yannis Lavranos, Felix Bigios y el matrimonio Tull Jonathan Dillian y Sarah Alexandra Hamou.
El Tribunal rechazó circunstancias atenuantes para los acusados y ahora se espera una decisión sobre las sentencias.
Aplicación de la ley más favorable
A los cuatro se les aplica con carácter retroactivo la ley más favorable (4619/2019), que rebajó el delito de violación del secreto de las comunicaciones de delito grave a falta.
Según el escrito de acusación, los cuatro, entre el verano de 2020 y finales de 2021, de forma conjunta y coconsentida, comenzaron a realizar los hechos delictivos que se les atribuyen.
En concreto, "instalaron en dos casos de números de teléfono (Artemis Sifford y Athanasios Koukakis) e intentaron instalar el software de espionaje en otros 114 números de teléfono" entre los que se encontraban los denunciantes Nikolaos Androulakis, Christos Spirtzis Mr.En cuanto a los 114 objetivos, "su delito no se consumó por razones independientes de su voluntad", ya que los destinatarios no abrieron los enlaces-cebo que recibieron.
Los acusados no quisieron estar en la sala, representados por sus abogados, y ejerciendo su derecho procesal, también se negaron a declarar.
El presidente del Tribunal, Sr. Askianakis, tras estudiar el voluminoso material del caso, que durante el juicio se enriqueció con nuevas pruebas importantes y el testimonio de testigos que no habían sido llamados inicialmente, habría adoptado la propuesta de la fiscalía según la cual los acusados se enfrentarían a un aumento de las penas previstas.
El fiscal, Dimitris Pavlidis, recomendó el 6 de febrero la culpabilidad de todos los acusados, al considerar que algunas acciones que se presentan como cometidas "repetidamente" deberían convertirse en "en serie".
Pavlidis afirmó en su sumario que "es innegable que Predator operó en el territorio de Grecia", señalando que el asunto es extremadamente grave, ya que se violan "datos brutales y personales".
Según señaló: "Es una amenaza para el núcleo de la Constitución democrática porque da poderes a individuos que no deberían tenerlos. Cualquier uso que hagan de ella las agencias debería ser una llamada de atención ".
El fiscal, al concluir sus observaciones finales, se reservó su posición tras la sentencia sobre cuestiones colaterales y acciones que se cree están relacionadas con el examen penal de las declaraciones de testigos con la transmisión de las transcripciones a la fiscalía para la investigación del delito de perjurio.