El Senado de EE.UU. debate la ley 'SAVE America', que obligaría a presentar pasaporte o certificado de nacimiento para votar. Trump la considera su "prioridad número uno", pero los demócratas la llaman supresión del voto y prevén bloquearla.
El Senado de Estados Unidos lleva desde el 17 de marzo debatiendo la 'Safeguard American Voter Eligibility Act', conocida como ley SAVE America. La propuesta busca modificar el proceso de votación en las elecciones federales al exigir documentación oficial, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, para registrarse y votar, de modo que ya no bastaría con marcar una casilla declarando la ciudadanía.
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Trump ha calificado la ley 'SAVE America' como una de las normas más importantes en la historia del Congreso y ha advertido que no firmará ninguna otra ley hasta que esta salga adelante.
El contexto político no es neutro. El proyecto busca transformar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 y prevé sanciones civiles y penales para los funcionarios que registren votantes sin la documentación exigida. Además, obligaría a los estados a entregarle al Departamento de Seguridad Nacional la información sensible sobre los votantes que figura en los padrones electorales para su evaluación.
La justificación oficial es evitar que voten ciudadanos extranjeros. Sin embargo, los datos no respaldan esa premisa: solo se han documentado 85 denuncias por votos de personas sin nacionalidad en dos décadas.
En Ohio se señalaron 597 casos de potenciales no ciudadanos en un registro de más de 8,1 millones de votantes; de esos, 138 habrían sufragado. Texas registró 2.724 posibles no ciudadanos sobre 18,6 millones de votantes. Las cifras, irrisorias frente al censo total, no han frenado el impulso de la Casa Blanca.
Qué cambios quiere introducir Trump con la ley 'SAVE America'
Estados Unidos no tiene un documento nacional de identidad equivalente al DNI español. El carné de conducir es el identificador más común, pero no toda la población lo tiene, y sus estándares varían según el estado.
Con la nueva ley, para la mayoría de los ciudadanos probar su ciudadanía implicaría presentar un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado junto con una identificación con fotografía emitida por el gobierno.
El problema es que ese trámite no está al alcance de todos. Aproximadamente el 53% de la población estadounidense tiene pasaporte, lo que deja a casi la mitad sin ese documento.
A eso se suman los requisitos técnicos del certificado de nacimiento: la legislación establece que debe incluir el nombre completo de al menos uno de los padres, la firma de un funcionario público autorizado y el sello del estado o del gobierno local, y el Centro de Políticas Bipartidistas señaló que no todos los certificados de nacimiento cumplen esos criterios.
La ley también afecta al voto por correo, muy extendido en algunos estados. Las personas que quieran votar por correo deberían presentar copias de sus documentos de identidad tanto cuando soliciten una papeleta como cuando la envíen.
Los republicanos están tratando de añadir enmiendas que restringirían el voto postal a los casos de enfermedad, discapacidad o servicio militar, aunque estas disposiciones no están en el texto que ya pasó por la Cámara de Representantes.
¿Quiénes quedarían fuera?
Los cálculos del impacto son los que más polarizan el debate. Según el Centro Brennan para la Justicia, el proyecto podría impedir votar a más de 21 millones de estadounidenses que carecen de acceso fácil a los documentos exigidos.
Especialistas en derecho electoral han llegado a calificarlo como el peor proyecto de restricción electoral que el Congreso haya tratado en serio.
Los grupos más vulnerables son concretos y variados. Los opositores argumentan que estos documentos no siempre están disponibles y que la medida podría frenar el registro de jóvenes que se inscriben por primera vez, mujeres casadas que han cambiado de apellido o personas con dificultades para desplazarse.
Sobre las mujeres casadas, el problema es específico: la ley exige que el nombre en el documento de identidad con foto coincida exactamente con el del certificado de nacimiento. Hasta 69 millones de mujeres en EE.UU. no cumplen ese requisito tras un cambio de apellido.
David Becker, director del Center for Election Innovation and Research, subrayó que la ley podría tener el efecto contrario al buscado y excluir del proceso a sectores republicanos que tampoco cuentan con pasaporte. Es decir, el alcance del problema no sigue una línea partidista tan clara como sus promotores sugieren.
Un debate que probablemente termine en bloqueo
El recorrido parlamentario de la ley tiene los días contados, al menos en su forma actual. El Senado votó 51 a 48 a favor de iniciar el debate, con la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski como la única de su partido que se opuso a continuar con la iniciativa.
Pero iniciar el debate no es lo mismo que aprobarlo. Los republicanos cuentan con 53 escaños; para superar el filibusterismo necesitan 60. Siete senadores demócratas tendrían que sumarse, algo que todos los analistas consultados consideran prácticamente descartado.
El líder demócrata Chuck Schumer aseguró que ningún demócrata apoyará la ley y la calificó de proyecto radical. El propio líder de la mayoría republicana, John Thune, ha reconocido en privado que los números no dan y se ha negado a eliminar el filibusterismo para facilitar la votación, advirtiendo que ese movimiento tendría consecuencias que van más allá de esta ley concreta.
Una encuesta de 'CBS News' y 'YouGov' publicada esta semana indica que el 80% de los estadounidenses apoya en abstracto la exigencia de identificación para votar, pero solo el 43% cree que el requisito de ciudadanía serviría principalmente para impedir el voto ilegal, y una proporción casi idéntica considera que el verdadero riesgo es impedir que ciudadanos elegibles accedan a las urnas. La opinión pública, en suma, no está tan movilizada en torno a esta cuestión como la retórica de la Casa Blanca sugiere.
Mientras el debate en el Senado se prolonga sin visos de resolución, varios estados gobernados por republicanos están elaborando sus propios requisitos de prueba de ciudadanía para votar, lo que anticipa un escenario donde la batalla electoral de 2026 se libre, en parte, en los juzgados y en las oficinas de registro de votantes de cada estado.