El aplazo de la entrada en vigor del sistema de facturación electrónica Verifactu por parte del Gobierno da más margen a empresas y autónomos, pero también genera incertidumbre sobre su implementación.
El Gobierno español aplazó hasta 2027 la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de facturación electrónica diseñado para reforzar el control fiscal sobre empresas y trabajadores autónomos. La medida retrasa un año el calendario previsto inicialmente, que fijaba su aplicación en 2026.
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Con el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y pymes tendrán hasta el 1 de julio de ese mismo año.
El sistema obliga a emitir facturas mediante software certificado que garantice la autenticidad, integridad y trazabilidad de los registros, en el marco de la lucha contra el fraude fiscal.
Más margen, pero también dudas
El aplazamiento concede más tiempo para adaptar programas informáticos y procesos internos, reduciendo la presión inmediata sobre millones de pequeños negocios.
Sin embargo, distintas voces del sector señalan que el retraso también ha generado desconcierto, debido a la falta de claridad sobre los requisitos técnicos y los plazos definitivos de implantación.
A estas dudas se suman las advertencias de organizaciones de autónomos y del propio entorno empresarial. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaba semanas reclamando una prórroga ante las dificultades de adaptación y la falta de información clara.
No obstante, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que la prórroga es una "herramienta clave" que puede ser "útil" para millones de contribuyentes.
Un cambio estructural pendiente
Pese a la prórroga, Verifactu se mantiene como un cambio estructural en el sistema tributario español, que afectará a la mayoría del tejido empresarial. La normativa, impulsada por la Agencia Tributaria, forma parte de las medidas para digitalizar la economía y reforzar la transparencia fiscal, con posibles sanciones en caso de incumplimiento cuando entre en vigor.
Según datos de Eurostat, solo el 58% de las pequeñas y medianas empresas de la UE ha alcanzado un nivel básico de servicios digitales, muy por debajo del objetivo del 90% fijado para 2030. Esta brecha es aún mayor frente a las grandes empresas, donde el nivel de digitalización alcanza el 91%, lo que refleja las dificultades específicas de las pymes para adaptarse a los cambios tecnológicos y regulatorios.
En el caso de España, los datos muestran avances, pero también limitaciones en la digitalización empresarial. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44,3% de las empresas utiliza servicios de computación en la nube y el 21,1% inteligencia artificial, mientras que el 84,5% dispone de página web.
Sin embargo, el nivel de adopción de tecnologías más avanzadas sigue siendo desigual, especialmente entre pequeñas empresas.
Además, distintos indicadores oficiales sitúan a las pymes españolas en una posición intermedia dentro de la UE: alrededor del 60% alcanza un nivel básico de digitalización, en línea con la media europea, pero todavía lejos de los objetivos marcados por Bruselas para esta década.