El Ejército estadounidense ha lanzado un misil contra una lancha en el pacífico este, cerca de Venezuela, argumentando que tenían inteligencia sobre el transporte de drogas. Han fallecido dos personas.
El pasado viernes 24 de abril, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, la última de una serie de acciones militares que comenzaron a principios de septiembre y que ya han provocado la muerte de al menos 183 personas. En esta ocasión murieron dos. Las imágenes difundidas por el propio Comando Sur en X muestran un barco a flote y, tras la explosión, en llamas.
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El Gobierno de Donald Trump justifica estas operaciones como una medida necesaria para cortar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Trump llegó a afirmar que el país se encuentra en "conflicto armado" con los cárteles que operan en América Latina. Sin embargo, en ninguno de los ataques documentados hasta la fecha se han presentado pruebas de que las embarcaciones destruidas transportaran estupefacientes.
La captura de Maduro y el contexto político
Las operaciones en el mar se produjeron en paralelo a una escalada de la presión militar y diplomática de Washington sobre Venezuela. En enero de este año, una incursión coordinada resultó en la detención de Nicolás Maduro, hasta entonces presidente venezolano, quien fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos relacionados con el narcotráfico. Maduro se ha declarado no culpable.
Esta secuencia de hechos sugiere que los ataques navales forman parte de una estrategia más amplia: la mayor presencia militar de Estados Unidos en la región en varias generaciones, construida durante meses antes de la detención de Maduro.
Las dudas legales que nadie resuelve
Desde el inicio de los ataques, voces críticas dentro y fuera de Estados Unidos han cuestionado la legalidad de estas operaciones. Atacar embarcaciones en aguas internacionales sin que medie una declaración de guerra formal, sin captura de los tripulantes y sin presentar evidencias ante ningún Tribunal plantea interrogantes serios sobre el derecho internacional humanitario y marítimo.
El Comando Sur se ha limitado a repetir en cada comunicado que los barcos atacados circulaban por rutas conocidas de tráfico de drogas. No ha habido más explicaciones. Tampoco se ha informado sobre la identidad de las víctimas, su nacionalidad ni si entre ellos había civiles.
La administración Trump ha enmarcado estas acciones dentro de su política de mano dura contra el crimen organizado transnacional, operación Lanza del Sur. La retórica del "conflicto armado" le permite operar con una lógica militar que, en principio, no requiere las garantías judiciales propias de una operación policial. Es un encaje legal que, para muchos expertos, resulta demasiado forzado.