Según activistas afganos, los jueces de la CPI pidieron a la Fiscalía investigar por separado la persecución de mujeres por los talibanes, lo que podría debilitar una justicia plena en Afganistán.
Cinco años después de que Afganistán cayera en manos de los talibanes con la captura de Kabul, la Corte Penal Internacional ha separado supuestamente su investigación sobre los crímenes de los talibanes de la macrocausa sobre Afganistán, una decisión que podría aliviar la presión de Washington sobre el tribunal.
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Según 'Middle East Eye', los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI han ordenado a la Fiscalía que abra una investigación independiente sobre la presunta persecución de mujeres por parte de los talibanes, separándola de la larga investigación sobre Afganistán, que también abarcaba los delitos supuestamente cometidos por personal estadounidense.
La Sala habría concluido que la actuación de los talibanes desde 2021 es "materialmente diferente" del comportamiento que la investigación original estaba autorizada a examinar, y ha ordenado a la Fiscalía que abra una causa separada.
La Fiscalía de la CPI no quiso confirmar ni desmentir la decisión a Euronews, pero sí señaló que los talibanes son el centro de su investigación.
"La investigación se centra en la dirección talibán y en sus presuntos crímenes de persecución de mujeres y opositores políticos, incluidos la privación de derechos fundamentales, las detenciones sistemáticas y la tortura", afirmó un portavoz.
"La Fiscalía no puede hacer más comentarios sobre la investigación ni sobre la existencia o no de cualquier supuesto escrito ante la Corte que no sea público", añadió el portavoz.
Una decisión profundamente preocupante
Shaharzad Akbar, ex presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y actualmente investigadora en el Wolfson College de Oxford, no se anduvo con rodeos al valorar la separación de las investigaciones.
"Cualquier justicia selectiva es profundamente preocupante", dijo Akbar a Euronews. "También resulta alarmante escuchar que las presiones, intimidaciones y ataques de Estados Unidos contra el tribunal están influyendo en las decisiones sobre las investigaciones".
Akbar explicó que las organizaciones de la sociedad civil afgana han "pedido en repetidas ocasiones a la CPI investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias que entran dentro de su mandato", incluidas las acusaciones contra las fuerzas estadounidenses, y calificó la actitud de Washington hacia el tribunal durante todo el proceso de "espantosa y vergonzosa".
Las acusaciones contra personal estadounidense en Afganistán se refieren sobre todo a los abusos documentados contra detenidos en centros de reclusión de la CIA en el país, incluido el centro clandestino Salt Pit al norte de Kabul, así como a la actuación de interrogadores militares estadounidenses.
El informe de 2014 del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA concluyó que los detenidos fueron sometidos a simulacros de ahogamiento, privación del sueño y otros métodos que constituyen degradación y tortura.
Al día siguiente, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que no abriría nuevas investigaciones penales como resultado de esas conclusiones. También afirmó que, si algún gobierno extranjero emitía una orden de detención contra un cargo estadounidense en relación con el programa, no la ejecutaría.
Ningún Gobierno estadounidense ha reconocido nunca irregularidades cometidas por militares o personal de la CIA en Afganistán.
Durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, la Casa Blanca celebró una decisión inicial de la CPI que rechazaba abrir una investigación formal sobre las actuaciones de personal estadounidense en Afganistán, calificándola de "gran victoria internacional" para "los patriotas". Esa decisión fue posteriormente revocada.
Por qué se agruparon inicialmente las dos investigaciones
A diferencia de otros tribunales internacionales, la CPI no separa sus investigaciones por contendientes en un conflicto, sino que examina lo que denomina una "situación", definida por el territorio y el periodo de tiempo.
Afganistán ratificó el Estatuto de Roma en 2003, lo que dio al tribunal jurisdicción sobre los crímenes cometidos en suelo afgano desde esa fecha, con independencia de quién los cometiera.
Cuando la Sala de Apelaciones autorizó una investigación formal en 2020, esta abarcaba a los talibanes y su red aliada Haqqani, al grupo denominado Estado Islámico en la Provincia de Jorasán (ISIS-K), a las fuerzas del gobierno afgano y al personal militar estadounidense y de la CIA, todo ello bajo un único marco de investigación.
En 2021, el entonces fiscal Karim Khan relegó a un segundo plano la parte de la investigación relativa a la actuación de Estados Unidos y optó por concentrar los recursos del tribunal en los talibanes y en ISIS-K.
Pero, como la amplia "situación" sobre Afganistán seguía abierta formalmente, la presión política de larga data de Washington sobre la investigación en su conjunto podía afectar al caso contra los talibanes simplemente porque ambos formaban parte del mismo expediente.
Esa presión se intensificó aún más desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando su gobierno impuso en pocos meses nuevas sanciones a responsables de la CPI vinculados a las investigaciones sobre Afganistán y Palestina.
En diciembre, diplomáticos explicaron a 'Middle East Eye' que, en la reunión de supervisión del tribunal, Washington presionó para que ambas investigaciones se archivaran por completo como condición para levantar las sanciones a los cargos de la CPI.
Las órdenes de detención emitidas en julio de 2025 contra el líder talibán Haibatullah Akhundzada y el jefe del poder judicial Abdul Hakim Haqqani por el crimen de lesa humanidad de persecución de mujeres y de personas consideradas aliadas de ellas por motivos políticos se dictaron en medio de esas presiones.
Washington busca desmantelar la corte
El mes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció planes para una campaña destinada a "desmantelar" el tribunal y "desactivar sistemáticamente" su "capacidad de operar y de dirigirse contra militares o cargos estadounidenses, o de amenazar la soberanía estadounidense".
Indicó que las medidas podrían incluir más restricciones y revocaciones de visados, así como prohibiciones de viaje para el personal de la CPI.
El martes, Washington anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el abogado principal Abdoulaye Seye, a quienes acusa de participar "directamente" en "los esfuerzos de la CPI por investigar, detener o procesar a cargos cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción de la Corte".
El secretario de Estado, Marco Rubio, que calificó a la CPI de "tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado", añadió que había "abusado maliciosamente de su autoridad y sobrepasado su mandato".
Según Rubio, el tribunal "ha intentado en repetidas ocasiones arrogarse autoridad sobre nacionales de Estados Unidos y de otros países que no han aceptado su jurisdicción ni ratificado el Estatuto de Roma".
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma. El presidente Bill Clinton lo firmó en sus últimos días en el cargo, en diciembre de 2000, pero el gobierno de George W Bush retiró formalmente la firma en mayo de 2002 y notificó a la ONU que no tenía intención de convertirse en parte del tratado.
Ese mismo año, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, que autoriza al presidente a recurrir a la fuerza militar para liberar a cualquier ciudadano de Estados Unidos o nacional aliado detenido por la CPI, una norma conocida informalmente como la "Ley de Invasión de La Haya".
Un regalo para los talibanes
Mientras tanto, las actuaciones de Washington tras la retirada de Afganistán van más allá del abandono, según Akbar.
"Este contexto ha envalentonado conductas criminales y violaciones generalizadas en todo el mundo", señaló. "Es un regalo para regímenes como el talibán, que pueden seguir actuando con impunidad en un contexto de descomposición del orden global y del Estado de derecho".
"El desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional y sus ataques contra el tribunal envalentonan a actores como los talibanes y alimentan sus narrativas sobre el sesgo occidental de los tribunales internacionales".
Afganistán bajo el control talibán se ha convertido en el país más represivo del mundo para las mujeres, según una evaluación de la ONU publicada en marzo de 2024.
Desde agosto de 2021, los talibanes han emitido más de 50 decretos que expulsan de forma sistemática a las mujeres de la vida pública en Afganistán.
Las niñas tienen prohibido estudiar más allá de sexto curso, lo que convierte a Afganistán en el único país del mundo donde se veta el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria por razón de género.
Las mujeres tienen prohibido trabajar en la mayoría de los empleos, incluido el trabajo para ONG y agencias de la ONU. Los parques, gimnasios y otros espacios públicos también les están vetados.
Se han aprobado más decretos con el objetivo de perseguir a las personas LGBTQ+ afganas, facultando a la "policía de la moral" para castigar "delitos morales" y criminalizando explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo.
Akbar señaló que los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres afganas, los investigadores de derechos humanos y las supervivientes "han apoyado en todo momento la investigación de la CPI y han contribuido al proceso", al tiempo que reclaman que el tribunal amplíe su alcance.
Qué ocurre ahora
Ninguno de los cargos talibanes con órdenes de detención tiene muchas probabilidades de terminar bajo custodia: el grupo controla por completo el territorio afgano desde la retirada estadounidense en 2021 y ha descalificado las órdenes como "hostilidad hacia el islam".
Akhundzada lidera a los talibanes desde 2016, cuando sucedió a Mulá Akhtar Mansour tras su muerte en un ataque estadounidense con drones en Pakistán. Akhundzada nunca ha aparecido en público desde que asumió el mando y se cree que opera exclusivamente desde Kandahar, en el sur de Afganistán.
Es en última instancia responsable de los edictos más restrictivos contra las mujeres.
El presidente del tribunal supremo, Haqqani, ha sido el principal arquitecto de las herramientas judiciales que hacen cumplir esos edictos, incluido el regreso de los azotes y las ejecuciones públicas.
Preguntada por los efectos de las órdenes de detención, Akbar afirmó que, aunque valiosas, su impacto ha sido limitado.
"Acogimos con satisfacción la noticia de las órdenes de detención porque fue un momento de justicia y rendición de cuentas tras décadas de impunidad en Afganistán", dijo. "Esperábamos que las órdenes también frenaran la tendencia a normalizar a los talibanes".
"Para cambiar la situación en Afganistán necesitamos una voluntad política mucho más firme por parte de la región y de los países occidentales, que deben relacionarse con los talibanes en términos similares y exigir la retirada de las prohibiciones y restricciones sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas en Afganistán", concluyó Akbar.