En las últimas semanas, pescadores han bloqueado depósitos de combustible y accesos a puertos en el sur de Francia, mientras agricultores protestan por el encarecimiento del carburante. El combustible se perfila como un foco político clave a solo siete meses de las elecciones francesas.
Cuando faltan siete meses para las elecciones presidenciales en Francia, el combustible se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política. La escalada de los precios de la energía ha avivado el malestar social en un contexto de choque mundial en el suministro de carburantes, provocado por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.
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En las últimas semanas, los pescadores han bloqueado depósitos de petróleo y accesos a puertos en el sur de Francia, mientras que los agricultores han organizado protestas por la subida del precio del combustible en todo el país.
También hay indicios de que la demanda de carburantes en Francia empieza a debilitase tras varios meses de precios récord. El precio del diésel francés marcó el domingo un nuevo máximo, con 2,41€ por litro.
El precio de la gasolina también superó su pico anterior de 2022, con la SP95-E10, la gasolina sin plomo más habitual en Francia, por encima de 2,17€ por litro, mientras que la SP98 rebasó de media los 2,28€ por litro.
En respuesta a la situación, el Gobierno francés anunció el martes la ampliación y prórroga de sus ayudas selectivas al combustible para los hogares más afectados por la escalada de precios.
Las nuevas medidas costarán 450 millones de euros y elevan el gasto total en ayudas al combustible hasta ahora a 1.400 millones de euros. Todo ello mientras se prevé que el déficit presupuestario de Francia alcance este año el 5,4% del PIB, uno de los peores de la Unión Europea, y la deuda pública se acerca al 120% del PIB.
El Gobierno también ha propuesto una llamada "regla de oro del combustible" para su presupuesto de 2027, según la cual cualquier ingreso fiscal adicional generado por la subida de los precios de los carburantes se neutralizaría y se destinaría a medidas de apoyo a los consumidores, con el objetivo de que el Estado no obtenga beneficios de los precios más altos en las gasolineras.
Por qué el combustible es tan caro en Francia y quién se queda los beneficios
Los impuestos sobre el combustible en Francia son más elevados que en muchos otros países europeos, como explicó a Euronews Anna Creti, profesora de Economía en la Universidad París Dauphine.
"Esto proporciona una fuente importante de ingresos para el Gobierno, pero también supone una fuerte carga sobre el precio final del combustible", señaló.
Desde marzo, Francia ha afrontado la subida de los precios de la energía mediante subvenciones específicas al combustible en lugar de recortes generalizados de impuestos. El ministro de Economía francés, Roland Lescure, afirmó el lunes ante la prensa que esta estrategia seguirá "sin cambios" dentro del esfuerzo del Gobierno por ayudar a los hogares y sectores más afectados por el encarecimiento de los carburantes.
Los dos principales impuestos sobre el combustible en Francia son la TICPE (tasa interna sobre el consumo de productos energéticos), que se aplica generalmente como una cantidad fija por litro, y el IVA, que ronda el 20%. El IVA se aplica al precio del combustible una vez incluida la TICPE. Como resultado, los automovilistas acaban pagando IVA tanto sobre el coste básico del combustible como sobre la propia TICPE.
Pese a la percepción extendida de que los beneficios del combustible escapan en gran medida a la regulación en Francia, el mercado está sometido a una importante supervisión y control por parte del Estado.
"Los distribuidores, es decir, las gasolineras, tienen contratos con las compañías que los abastecen, donde se detallan cuestiones como las campañas promocionales, los márgenes que pueden obtener y cómo gestionar problemas con los productos o interrupciones en la cadena de suministro. Así que no es un sector tan caótico como a veces se presenta", explicó Creti a Euronews.
En general, los precios de venta al público los marca el mercado, salvo algunas excepciones reguladas. Los minoristas de carburantes están obligados a declarar sus precios en la plataforma de comparación de precios del Gobierno.
"El margen de beneficio real está en la refinación, mucho más que en la distribución. Además, hay mucha competencia en la parte final de la cadena, entre estaciones independientes, compañías extranjeras y también Total, que puede controlar indirectamente los precios al fijarlos", añadió Creti.
En Francia, TotalEnergies ha introducido periódicamente topes de precios para limitar lo que pagan los clientes por litro, sobre todo en periodos de precios elevados. Dado su amplio entramado de estaciones de servicio en todo el país, estas medidas también han presionado a otros distribuidores para que contengan sus precios.
"Un número relativamente reducido de grandes compañías petroleras y energéticas suministra a miles de estaciones de servicio que compiten por los clientes", apuntó Creti.
El hecho de que Francia tenga "una de las mayores flotas de vehículos diésel de Europa" también la expone a choques de precios, añadió.
"Además de los vehículos particulares, donde el diésel se usa para el transporte personal, también lo utilizan las pequeñas y medianas empresas, principalmente para el transporte comercial. Los motores diésel también se emplean en aplicaciones industriales".
Esto se debe a que el mercado francés de diésel depende mucho más de las importaciones que el de gasolina, lo que lo hace especialmente vulnerable a las escaseces internacionales, al alza de los precios mayoristas y a los costes de transporte.
"Si tenemos en cuenta la inflación, los precios actuales ya han superado los niveles que desencadenaron las protestas de los 'gilets jaunes'. Y los hemos sobrepasado varias veces, en especial en 2021 durante el periodo posterior a la COVID, y de nuevo en la crisis de 2022-2023", añadió Creti.
Las protestas de los "gilets jaunes" en 2018 fueron uno de los mayores episodios de agitación social en la Francia reciente. El movimiento se alimentó del malestar por el coste de la vida y, en particular, por la introducción de un nuevo impuesto al carbono sobre el combustible.
Los manifestantes ocuparon y bloquearon rotondas en todo el país y organizaron protestas masivas, a menudo acompañadas de enfrentamientos con la Policía.
Casi una década después, Francia sigue siendo uno de los países con los costes de combustible más altos de Europa, mientras crece el descontento de la población.
Las propuestas de los candidatos presidenciales franceses
Según Diane Bollet, profesora de Ciencia Política en Sciences Po París, el movimiento de los gilets jaunes marcó un punto de inflexión que obligó a los dirigentes políticos a definir una política sobre el combustible.
"Realmente empujó a los políticos a decir si reconocían el impacto de la subida de los precios del combustible y hasta qué punto respaldaban a quienes tenían que vivir con sus consecuencias".
La aspirante presidencial Marine Le Pen y su partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, han tratado de capitalizar el descontento en torno al combustible prometiendo reducir el IVA del 20% al 5,5%, igual que en su campaña de 2022. Pero esta medida vulneraría la normativa europea sobre el IVA.
Bollet considera que esto refleja una estrategia a largo plazo de Le Pen, estrechamente ligada a las características demográficas y socioeconómicas de los votantes a los que busca atraer.
"Le Pen se ha apropiado de este tema desde 2018. Entiende que son preocupaciones clave para su electorado, compuesto en su mayoría por población rural o de periferias urbanas, donde la gente depende del combustible".
Mientras tanto, el candidato de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon y su partido, La France Insoumise (LFI), se han comprometido a fijar un tope de 1,70€ por litro para la gasolina y de 1,80€ por litro para el diésel.
Ha criticado el plan de Le Pen de recortar el IVA sobre el combustible alegando que una rebaja fiscal no garantiza que el beneficio se traslade íntegramente "al consumidor", y ha recordado la decisión de Francia de reducir el IVA en los restaurantes, que no se tradujo en una bajada significativa de precios para los clientes.
Además, Mélenchon cuenta con una base electoral distinta a la de Le Pen, lo que condiciona el peso que tienen los precios del combustible como prioridad política en su campaña actual, señaló Bollet.
"Mélenchon tiene votantes en suburbios, pero también en ciudades, lugares donde la gente utiliza con frecuencia el transporte público, porque se ha centrado en las áreas urbanas. Así que, aunque el tema es importante para ellos, no lo es tanto como para el electorado de Marine Le Pen. En comparación se entiende por qué ella insiste tanto en esta cuestión".
Aunque los candidatos han empezado a presentar propuestas y promesas clave, sus programas completos aún no se han publicado, lo que dificulta analizar en detalle sus políticas sobre el combustible.
Por ahora, el centrista Gabriel Attal y el conservador Édouard Philippe, dos antiguos primeros ministros del presidente Emmanuel Macron, respaldan medidas para mitigar el impacto del encarecimiento del combustible en los consumidores, en líneas generales en sintonía con las acciones actuales del Gobierno.
Por su parte, el candidato de izquierdas Raphaël Glucksmann ha puesto más énfasis en reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Impulsada por unos precios en las gasolineras que baten récords, la inflación energética puede convertirse rápidamente en uno de los ejes centrales de las elecciones francesas, un foco de tensión política que recuerda de forma marcada a las campañas en Estados Unidos, donde el encarecimiento de la gasolina y la crisis del coste de la vida forman parte intrínseca del debate.