Diputados franceses proponen que los ricos inversores en criptomonedas que se vayan del país tributen por ganancias no realizadas y multas de hasta 10.000 € por monederos de autocustodia no declarados, medidas que aún deben ser votadas de nuevo.
Mudarse al extranjero desde Francia podría salir pronto más caro a los grandes titulares de activos digitales, ya que los legisladores buscan incluir Bitcoin y otras criptomonedas en un gravamen que ya pagan los inversores en acciones que se trasladan al exterior.
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Este jueves, la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el órgano transversal que examina los proyectos de presupuesto antes de que los debata el pleno de la cámara baja, ha votado a favor de ampliar el impuesto de salida francés a los criptoactivos a partir del 1 de enero de 2027.
El gravamen actual aplica impuestos sobre las plusvalías no realizadas cuando personas que han residido en Francia al menos seis de los últimos diez años se marchan al extranjero con acciones y otros valores que, en conjunto, superan los 800.000 euros.
La enmienda fijaría el mismo umbral para las tenencias de criptomonedas de un hogar, incluidos los tokens en plataformas extranjeras o en monederos de autocustodia que los propietarios controlan directamente.
Como en el caso de las acciones, el pago se aplazaría para los traslados dentro de la Unión Europea (UE) y a algunos otros países, y el impuesto se anula si los activos se mantienen entre dos y cinco años.
La enmienda no fija un tipo ni menciona las cotizaciones sociales, que representan 18,6 puntos del 31,4% aplicados a las plusvalías de los accionistas que se marchan, por lo que sigue sin estar claro cuánto pagarían los titulares de criptoactivos.
Sus promotores, el diputado comunista Nicolas Sansu y 16 colegas de izquierdas, sostienen que las criptomonedas quedan al margen de un gravamen que sí se aplica a valores de igual importe, lo que abre la puerta a la elusión fiscal.
Monederos, 'stablecoins' y otras medidas
Además, la comisión ha respaldado una propuesta del diputado centrista Charles de Courson para obligar a los contribuyentes a declarar, a final de año, los monederos de autocustodia cuyo valor conjunto sea de 100.000 euros o más, bajo pena de multas de hasta 10.000 euros. Actualmente, solo deben declararse las cuentas de criptomonedas en el extranjero.
Apoyándose en una investigación parlamentaria que señaló las criptomonedas como un riesgo de fraude, sus defensores afirman que los inversores franceses obtuvieron en 2021 unas ganancias estimadas de 3,5 mil millones de euros en cripto, pero solo declararon 400 millones en tenencias.
El Tribunal de Cuentas francés ha precisado que esa cifra correspondía en realidad a ganancias declaradas.
Los defensores de las criptomonedas advierten de que un registro de datos de este tipo podría filtrarse y poner en peligro a los titulares, en un contexto de ola de secuestros vinculados a las criptomonedas en Francia.
Entre enero y mediados de abril, la Policía registró más de 40 secuestros relacionados con criptomonedas en Francia, frente a unos 30 en todo 2025.
En uno de los casos más conocidos, unos secuestradores capturaron en enero de 2025 a David Balland, cofundador de la empresa francesa de monederos de criptomonedas Ledger, y a su pareja, y le amputaron un dedo para presionar una exigencia de rescate en criptomonedas antes de que la Policía los liberara.
Una segunda enmienda de Sansu, que tampoco fija un tipo, haría que el intercambio de criptomonedas por 'stablecoins', tokens vinculados a una moneda como el dólar estadounidense, esté sujeto a impuestos a partir de 2027 con el actual tipo fijo del 31,4% sobre las ganancias en cripto.
Actualmente, solo se debe pagar impuestos al convertir las criptomonedas en dinero fiduciario o al gastarlas.
Los diputados también han aprobado permitir a los inversores compensar pérdidas en criptomonedas con ganancias durante diez años y aumentar la multa prevista por ignorar las peticiones de documentación de la autoridad fiscal de 10.000 a 50.000 euros por requerimiento. El proyecto del Gobierno la aplica a instituciones financieras, empresas de cripto y plataformas en línea.
La comisión ha rechazado un impuesto sobre el patrimonio más amplio que incluyera las criptomonedas y una propuesta del diputado de centroderecha Paul Midy para eximir de impuestos hasta 1.000 euros anuales en pagos en criptomonedas.
¿Qué viene ahora?
Este viernes, la comisión ha tumbado la parte de ingresos del proyecto de presupuesto del Gobierno para 2027, que abarca los impuestos, por 31 votos contra 3.
La Constitución francesa obliga a que el pleno de la Asamblea debata el presupuesto original del Gobierno, y las modificaciones de comisión se someten normalmente a los diputados en forma de enmiendas.
Al haberse rechazado la parte de ingresos, ninguna de esas modificaciones se mantiene, por lo que las enmiendas sobre criptomonedas deberán volver a presentarse a partir del martes.
Los diputados volverán a votar sobre la parte de ingresos el 20 de octubre y sobre el conjunto del proyecto el 17 de noviembre, antes de que el Senado tome el relevo. El año pasado, rechazaron esa parte de ingresos por 404 votos contra 1, lo que anuló todos sus cambios.
El Parlamento francés tiene hasta el 10 de diciembre para aprobar el presupuesto, tras lo cual el Gobierno puede promulgarlo por ordenanza.
Con los costes de financiación a diez años de Francia superando temporalmente el 5% este mes por primera vez desde 2002 y los partidos pendientes de las elecciones presidenciales de la próxima primavera, el Gobierno en minoría se enfrenta a una batalla complicada para sacar adelante el presupuesto.