La CNMC presidida por Cani Fernández incoa varios expedientes, incluyendo dos "muy graves" contra Red Eléctrica (Redeia) y la central nuclear de Almaraz, que podrían prolongarse más de un año.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, continúa con su investigación paralela al informe técnico paneuropeo emitido el pasado mes de enero acerca de las responsabilidades derivadas del apagón del 28A de 2025 en toda la Península Ibérica y parte de Iparralde, en el País Vasco francés.
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En concreto, la entidad nacional ha incoado varios expedientes a Iberdrola, Endesa, la asociación nuclear Ascó-Vandellós (participada por las dos eléctricas mencionadas), la central de Almaraz y otras tres compañías: Contour, gestora de la central térmica riojana de Arrúbal, Engie Cartagena, con otra térmica, El Fangal, en esta ciudad levantina y Totalenergies, una multienergética en varios subsectores energéticos.
¿La justificación legal? En la mayoría de ellas, la vulneración del artículo 64.15 de la ley del sector eléctrico, en su apartado de infracciones graves ("La realización de actividades cuando se ponga en riesgo la garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente"), así como los siguientes puntos sobre obligaciones de vulnerar un mantenimiento o control adecuado.
En el caso de las nucleares, la investigación se basa en la posible "reducción de la producción o suministro sin autorización" contemplada en el 64.37 de la misma ley. En el caso de Almaraz, la CNMC sube la categoría de la incidencia a "muy grave".
Las incoaciones notificadas, comunica la nota de prensa del organismo, incluyen también la investigación de prácticas en días o periodos distintos al 28A, pero que constituirían igualmente "indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente". La investigación, asegura el organismo presidido por Cani Fernández desde 2020, se prolongará entre nueve y 18 meses.
La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores en los que se incluye uno clasificado como muy grave contra Red Eléctrica, el organismo público-privado que gestiona el conjunto de la infraestructura del suministro, dirigido por la exministra socialista Beatriz Corredor. En esta anterior remesa también aparecen Naturgy y Repsol.